Un operativo masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en una planta de baterías para vehículos eléctricos en construcción, perteneciente a Hyundai y LG Energy Solution en Georgia, dejó 475 detenciones, la mayoría trabajadores surcoreanos. La medida desencadenó una fuerte reacción del gobierno de Seúl, que calificó el episodio como profundamente preocupante.
La redada —la más grande en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional— fue precedida por una investigación de meses, con agentes armados, helicópteros y vehículos blindados, según describieron las autoridades estadounidenses. Los detenidos fueron trasladados principalmente a un centro en Folkston, Georgia.
Al menos 300 de los arrestados son ciudadanos surcoreanos, muchos de ellos posiblemente con visas vencidas o en violación de sus condiciones migratorias, aunque aún no se han presentado cargos.
La publicación de videos en los que se veía a trabajadores esposados causó particular indignación. Desde Seúl, se calificó esta difusión como “lamentable”, sobre todo por su alto impacto visual y político.
El gobierno surcoreano expresó “profunda preocupación” y envió al Ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, a Washington para gestionar el retorno de los afectados. Una vez completados los trámites administrativos, se ha organizado un vuelo chárter para repatriarlos.
El vicepresidente de Asuntos Exteriores, Park Yoon-joo, señaló que el momento de la redada —tras la celebración de una cumbre entre los presidentes de ambas naciones— hace el episodio aún más delicado para las relaciones bilaterales.
El “zar fronterizo” del gobierno de Trump anunció que se intensificarán las acciones de fiscalización en centros de trabajo, justificando que algunas empresas explotan mano de obra no documentada para reducir costos. Desde Corea del Sur, en cambio, se alertó sobre riesgos a la confianza empresarial internacional y se exigió salvaguardar los derechos de los ciudadanos en misiones de negocios.
