José Tlachi Meneses fue durante los últimos tres años uno de los funcionarios más consentidos, pero también sobre quien pesaron todo el tiempo las sospechas de encabezar una corporación ligada con las bandas criminales que operan en mercados y colonias de la ciudad.
Tlachi detentó con Claudia Rivera Vivanco la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. Pese a las denuncias públicas en su contra, como por ejemplo pertenecer a la corrupta organización conocida como La Hermandad, una y otra vez fue ratificado por la morenista y la titular de la dependencia, Lourdes Rosales.
Con el cambio de la administración, el funcionario continuó en su cargo hasta el pasado lunes cuando fue despedido fulminantemente. La medida fue avalada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien advirtió que aún faltan más cambios y modificaciones a la estructura policial heredada por Rivera Vivanco.
Aunque se dijo respetuoso de la autonomía del municipio para realizar cambios en los mandos de seguridad, sostuvo que es necesario meter la mano más a fondo. “Celebro este cambio, sí, y faltan más cambios, desde luego que sí, pero es una decisión del Ayuntamiento. No puede funcionar la Policía Municipal con los mismos mandos como los heredaron, entonces yo estoy viendo eso”, apuntó.
Con José Tlachi como mano derecha de Lourdes Rosales, el mandatario estatal evidenció en más de una ocasión la poca efectividad del municipio para la detención de bandas criminales, pues lejos de disminuir la incidencia delictiva, sus uniformados y mandos fueron considerados como una tapadera de bandas criminales que operaban en los diferentes mercados municipales.
Dichos centros de abasto se convirtieron en los centros de operación de bandas de narcomenudistas, como es el caso del Mercado Morelos, que estaba bajo el control de José Christian, El Grillo, exrey de la venta de drogas en la capital. Después de su detención, el sitio quedó en manos de la esposa del delincuente, conocida como La Patrona.
Por meses la ciudadanía fue testigo que mientras el gobierno del estado asestaba duros golpes contra las mafias de la ciudad y el Centro Histórico, los policías municipales de la capital enfocaban sus baterías en detener a “borrachitos”, arrestar a ladrones de celulares y de transeúntes. Eso llevó a que en el último año de gestión de Claudia Rivera, la incidencia delictiva se disparara por arriba de 77 por ciento.
Un ejemplo de la intervención del gobierno del estado en la capital poblana fue el operativo de julio de 2020 en la casona denominada “La maldita vecindad”, sitio que era utilizado para actividades delincuenciales como el narcomenudeo y la prostitución y que operaba a la vista del Ayuntamiento de Puebla.
Tlachi, la Hermandad y la Comuna
Los primeros pasos de José Tlachi Meneses en la SSC datan de febrero de 2019, antes de que fungiera como subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
Previo a estos cargos, también había trabajado como director de Seguridad Pública en Tehuacán y como jefe del Área de Análisis y Prevención del Delito en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
Pero detrás de su perfil se esconde un negro historial. Por ejemplo, en junio de 2020 fue uno de los principales instigadores del paro de labores que realizaron elementos de la Policía Estatal, en coparticipación con otros dos perfiles vinculados con La Hermandad: Jesús Morales Rodríguez y Manuel Alonso García, éste último presunto fundador del subgrupo.
En enero de 2017, el diario 24 Horas Puebla publicó una nota sobre una denuncia ante la Contraloría estatal que daba cuenta sobre el retorno de La Hermandad que operaba en un principio en el marinismo e intensificó sus actividades en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
En esta denuncia, José Tlachi Meneses era señalado, junto a Héctor Guerra Montiel, de proteger una supuesta red de narcomenudeo en el Infonavit Villa Frontera.
No fue sino hasta el arribo de Miguel Barbosa Huerta al gobierno del estado que se puso fin al pacto que las autoridades sostenían con La Hermandad al vetar a Alonso García y a Morales Rodríguez de cualquier cargo público.
