Por Ghaleb Krame
El ataque armado ocurrido el 16 de mayo de 2025 en Tlaquepaque, Jalisco, contra personal vinculado a programas de capacitación auspiciados por la Embajada de Estados Unidos plantea una pregunta que no puede postergarse: ¿están los cárteles tratando de dinamitar los pilares de la cooperación bilateral en materia de seguridad?
Según reportes preliminares, las víctimas eran instructores mexicanos que colaboraban con la Guardia Nacional en el marco de iniciativas técnicas respaldadas por agencias estadounidenses. El atentado, perpetrado en una taquería ubicada en un bastión histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no parece un hecho aislado. Aunque no hay atribución oficial, el lugar, el perfil de los blancos y el patrón táctico apuntan a una lógica propia del CJNG: territorial, simbólica, disruptiva.
No se trata de un ataque más
Este hecho no se limita a su crudeza operativa. Su carga geopolítica es evidente y ocurre en un momento especialmente delicado para la relación México–Estados Unidos. No se trató de un atentado contra mandos visibles o figuras públicas. Fue un ataque dirigido contra un eslabón clave de la cooperación bilateral: la asistencia técnica y profesionalización de las fuerzas mexicanas, facilitada por oficinas como la INL del Departamento de Estado.
El ataque coincide con la reciente llegada a México del nuevo embajador estadounidense, Ron Johnson, un diplomático de línea dura con trayectoria en inteligencia y defensa. Su designación por parte del presidente Donald Trump fue leída como una señal clara: Washington busca endurecer su estrategia regional frente a los cárteles. Ahora, Johnson inicia su misión diplomática bajo el impacto de un ataque que, de confirmarse su naturaleza deliberada, podría convertirse en un parteaguas.
Durante años, los grupos criminales habían evitado cruzar ciertas líneas, entre ellas la agresión directa a personal vinculado a programas binacionales. Casos como el asesinato del agente Jaime Zapata en 2011 o el ataque contra personal de la CIA en Tres Marías en 2012 fueron episodios excepcionales. Esa cautela parece haber quedado atrás.
¿Qué persiguen?
Tres hipótesis estratégicas podrían explicar este patrón emergente:
- Intimidación: Atacar a instructores nacionales con vínculos internacionales busca generar miedo entre quienes colaboran con esquemas apoyados por Washington. El mensaje es claro: “colaborar tiene consecuencias”.
- Provocación calculada: Una respuesta unilateral o sobredimensionada por parte de Estados Unidos podría tensar aún más la relación bilateral, debilitar a la administración mexicana o fracturar la interlocución en seguridad.
- Reconfiguración del conflicto: Para el crimen organizado, la distinción entre actores nacionales y binacionales ya no aplica. Toda expresión institucional que interfiera con su poder territorial es percibida como enemiga.
¿Quién gana “calentando la plaza” binacional?
La pregunta no es cómoda, pero es urgente. Si el objetivo es desestabilizar la coordinación entre ambos gobiernos, los cárteles —y particularmente el CJNG— podrían obtener beneficios tácticos: reducción de presión coordinada, repliegue temporal de programas sensibles, o incluso fisuras políticas que dificulten una respuesta eficaz.
También podrían beneficiarse otros actores menos visibles: corrientes políticas que buscan explotar discursos nacionalistas, o potencias externas interesadas en debilitar la presencia estadounidense en la región.
Pero es una jugada de alto riesgo
Atacar personal asociado a programas estadounidenses es escalar en un terreno sensible. Desde enero de 2025, los cárteles mexicanos han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) por la administración Trump. Esa calificación habilita un abanico de acciones legales y operativas sin precedentes, desde incautaciones y extradiciones hasta intervenciones extraterritoriales.
Con Ron Johnson al frente de la embajada, la lectura de este ataque puede cobrar una dimensión distinta. Johnson no es un diplomático tradicional: su experiencia en inteligencia sugiere que no interpretará este evento solo como una afrenta local, sino como un posible reto estratégico a los intereses de seguridad de su país.
Los antecedentes confirman que este tipo de provocaciones no salen gratis. Guerreros Unidos, tras el caso Ayotzinapa, fue prácticamente desmantelado. El CJNG podría estar cruzando esa misma línea, sin medir del todo las consecuencias.
¿Y ahora qué?
Tlaquepaque puede representar más que un nuevo episodio de violencia. Podría ser el punto de quiebre en el que los cárteles dejan de evitar la confrontación directa con los Estados y comienzan a sabotear activamente las estructuras de cooperación binacional.
Si esta hipótesis se confirma, tanto Washington como Palacio Nacional deberán replantearse los términos de su colaboración. No desde la diplomacia formal, sino desde la lógica de la disuasión real.
Porque si el crimen organizado apuesta por escalar y provocar, la verdadera pregunta ya no es quién lo permite, sino quién está dispuesto a frenarlo… y con qué herramientas.
