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viernes, julio 11, 2025

Bukele, aliado estratégico de Trump al aceptar deportados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha consolidado como uno de los aliados más cercanos del expresidente estadounidense y actual candidato republicano, Donald Trump, al aceptar encarcelar a más de 200 personas deportadas desde Estados Unidos —muchas de ellas sin juicio— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), su prisión de máxima seguridad.

A cambio, el gobierno estadounidense ha otorgado al salvadoreño compensaciones económicas por al menos 6 millones de dólares, en un acuerdo que busca despresurizar el sistema penitenciario de EE.UU. y reforzar el discurso antimigrante de Trump rumbo a las elecciones presidenciales.

Desde mayo, EE.UU. ha comenzado a deportar a personas con presuntos vínculos con pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua, justificando que representan una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos legales advierten que muchos no tienen condenas firmes ni representación legal, violando el debido proceso y el derecho internacional.

Incluso, una Corte Federal de Nueva York ya recibió una demanda colectiva contra esta política de deportaciones externas, acusándola de posibles desapariciones forzadas, ya que los detenidos pierden contacto con abogados y familiares al ingresar al penal salvadoreño.

Pese a denuncias de abusos y condiciones inhumanas en el CECOT, funcionarios del gobierno de Trump han elogiado a Bukele. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó “el modelo más innovador del mundo” y el propio Trump aseguró que “le encantaría replicar ese modelo en EE.UU.”.

Pero la ONU y Human Rights Watch expresaron su preocupación por las condiciones dentro del penal y la falta de transparencia del acuerdo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió garantizar el acceso a la defensa legal, visitas familiares y supervisión independiente.

Con este acuerdo, Bukele recibe apoyo político y financiero, reforzando su imagen de líder firme contra el crimen, aunque analistas advierten que El Salvador se convierte en un territorio de tercerización punitiva, comprometiendo los principios del derecho internacional y la soberanía judicial.

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