La Auditoría Superior del Estado (ASE), bajo la dirección de Francisco Romero Serrano, transformó al organismo en una “gavilla de delincuentes” en la que se protegía a autoridades municipales con evidentes rastros de corrupción, sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El nombre del exauditor, a decir del mandatario, formó parte de un tiempo oscuro en la ASE, que se utilizaba como “garrote político” para extorsionar a alcaldes o para respetar acuerdos, como sucedió con Claudia Rivera Vivanco, cuya cuenta pública con decenas de irregularidades pasaron por alto por órdenes del contador.
“Allí, en la Auditoría, lo que pasó es que se formó una gavilla de delincuentes y eso se tiene que corregir, tiene que haber una titular o un titular de la Auditoría absolutamente independiente que no la utilice como garrote político ni como instrumento de extorsión, que no tenga familiares, parejas sentimentales ni alcahuetes, que fue lo que se convirtió el equipo que tenía el auditor anterior, alcahuetes y corruptos”, aseveró el mandatario.
A propósito de la renovación en el organismo autónomo, Barbosa Huerta confió en que la próxima o próximo titular de la ASE corrija la maraña de irregularidades que dejó Romero Serrano antes de ser detenido por violencia familiar y lavado de dinero.
El pasado jueves, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jugocopo) cerró el período de entrevistas a los aspirantes a auditor superior del estado, de la que saldrá la terna final para decidir quién ocupará la titularidad de la ASE a mediados de este mayo del 2022.
Acuerdos Políticos
Al respecto, Barbosa Huerta consideró que el perfil designado de los ocho inscritos no debe tener familiares dentro la función pública o parejas sentimentales que, eventualmente, se conviertan en alcahuetes de vestigios de corrupción, como lo fue en el caso de Francisco Romero y la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, cuyo acuerdo político llegó a ser hasta económico, pues allegados del exauditor proveían de materiales sanitarios al Ayuntamiento de Puebla.
Testimonios de trabajadoras del Ayuntamiento pasado han evidenciado que la ASE sí recibió todas las pruebas de actos irregulares y, principalmente, el desfalco de Claudia Rivera a la comuna por 18 millones de pesos en la compra de despensas a sobre costo, todo esto archivado por el auditor, quien, a decir del mandatario, tenía “acuerdos políticos” de protección.
