El Congreso de Puebla aprobó la expedición de la Ley de Aranceles para el Cobro de los Honorarios de Abogados y Licenciados en Derecho del Estado de Puebla, a fin de establecer tarifas en los casos donde no se tenga un acuerdo por escrito entre el cliente y el abogado.
Con 32 votos a favor y tres abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta de Decreto de la iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para evitar que los abogados cobren de manera excesiva a los ciudadanos.
Con esta iniciativa, los abogados se deberán sujetar a los tabuladores para los diferentes servicios que se ofrezcan para procesos en el Sistema de Justicia Tradicional o el Sistema de Justicia Penal de Acusatorio, además de asesorías y pequeños servicios.
No obstante, la Ley no limitará el cobro de los abogados por su trabajo, pues el artículo 5 estipula que estos costos se aplicarán cuando no exista un acuerdo previo por escrito entre el cliente y el abogado por las prestaciones de sus servicios. Cuando haya un acuerdo previo, los abogados podrán convenir con los clientes el costo de sus servicios sin tener que apegarse al tabulador de la ley.
En el caso de juicios en materia civil, penal y laboral que no tengan una suma determinada a reclamar, el honorario de los abogados no puede exceder las 2 mil 500 UMAS, por lo que el cobro máximo llegaría a los 240 mil 550 pesos.
Cuando se trate de procesos dentro de Sistema Mixto o Tradicional de Justicia, por solicitar y obtener la libertad bajo caución, por desvanecimiento de datos u obtener los beneficios que establece el Código Penal para el Estado, podrán cobrar de 70 a 170 Unidades de Medida y Actualización (UMA) –entre 6 mil 735 y 16 mil 357 pesos– según la gravedad del delito y que la pena privativa de la libertad no exceda de un año.
En tanto, en los procesos que se lleven a cabo dentro del Sistema de justicia Penal Acusatorio, las causas penales cuya competencia sea de un Juez de Control, los abogados cobrarán una cantidad que no podrá ser menor a 120 UMA, ni mayor a 600 UMA, es decir, entre 11 mil 546 y 57 mil 732 pesos. Si el proceso concluye por la aplicación del procedimiento abreviado o alguna medida alternativa, los honorarios serán de un 75 por ciento de la totalidad del proceso.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, enfatizó que con esto se evitará que se cometan abusos contra los ciudadanos, a quienes pueden engañar para no realizar un acuerdo por escrito y se aprovechan para arrebatarles la mitad de lo que ganan en sus juicios.
