La actualización de las tarifas del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), se vio envuelta en una serie de contradicciones y reclamos sin sentido de los diputados opositores al gobierno estatal.
Pese a las inconsistencias en sus reclamos, los diputados aprobaron con 30 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones el nuevo Esquema Tarifario solicitado por Soapap.
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) —instituto político que avaló la concesión del servicio a una empresa privada en 2014— y de Morena que no cumplieron con su promesa de remunicipalizar el servicio, tomaron el tema para radicalizar su discurso contra la administración estatal.
El primero de ellos en iniciar sus contradictorios argumentos fue el panista Rafael Micalco Méndez, quien en 2013 avaló la concesión del servicio que buscaba la administración de Rafael Moreno Valle.
En ese año, como presidente estatal del PAN señaló que pese a la oposición que se generaría por parte de organizaciones civiles en torno al tema su partido debía capacitar a los ediles de los municipios que gobernaba —en ese entonces Puebla, San Andrés Cholula Amozoc y Cuautlancingo— para ejecutar el proyecto autorizado por el gobierno estatal panista.
Hoy, con amnesia selectiva, el diputado panista acusa a la empresa de cometer excesos e incumplimientos en el contrato firmado en 2014, acusando incrementos y modificaciones ilegales al contrato para cumplir ocho años después.
El panista acusó a la empresa de actuar en opacidad para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se formaron durante el gobierno de Acción Nacional, entre las que destacó la falta de inversión a la infraestructura.
“Pido que se vote en contra de este dictamen, uno, por ser una concesión ventajosa a todas luces para la empresa y en detrimento de los ciudadanos; dos, por incumplimiento de las promesas iniciales que se hicieron para poder obtener esta concesión; tres, porque hoy estamos en la mayor inflación a nivel nacional que se había dado en los últimos 20 años”, justificó Micalco Méndez.
A su queja se sumó su compañera de bancada, Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien aseguró que más de 2 mil habitantes viven con carencia de agua potable al estar en zonas donde Agua de Puebla para Todos no ofrece el servicio y las personas compran pipas por separado.
En ese sentido, la panista recriminó a la empresa por no cumplir con sus obligaciones para el tratamiento y saneamiento de las aguas en la zona metropolitana, además de que no se ha llegado a darle cobertura a todos los ciudadanos.
Sumándose a la línea argumentativa, la diputada de Morena, Daniela Mier Bañuelos, también se pronunció contra la petición del organismo al acusar una afectación a la economía de las familias poblanas.
No obstante, su postura se vio empañada por la confrontación abierta que su familia mantiene contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Por un lado, su padre, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denunció al mandatario poblano por la supuesta filtración ilegal de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal; y por otro, Barbosa Huerta advirtió que en la investigación de la ejecución de agentes ministeriales, en el municipio de Tecamachalco –donde gobierno su hermano Ignacio Mier Bañuelos– estaría involucrado su padre, lo que descafeinó su postura.
A ella, la acompañó el diputado Ivan Herrera Villagómez, también arremetió contra la empresa Agua de Puebla para Todos por no cumplir con su contrato para mejorar la calidad del agua que reciben los ciudadanos.
La postura del legislador morenista se presenta de forma contradictoria con su actuar en el cabildo de Puebla en la gestión de Claudia Rivera Vivanco, donde no solo no remunicipalizaron el servicio, sino que no se encargaron de los adeudos de pozos de agua en juntas auxiliares.
Ante el concierto de contradicciones orquestado por los panistas y morenistas opositores, fueron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Morena, y Jorge Estefan Chidiac, del PRI, quienes tuvieron que aclarar todas las descalificaciones lanzadas.
Céspedes Peregrina apuntó que el Congreso estará vigilando el actuar del sistema operador del agua para que haga cumplir a la empresa su responsabilidad.
Reiteró que en la actualización de las tarifas del servicio solicitadas por Soapap no se aborda el tema de la concesión del servicio que tanto alegaron legisladores en contra, y que se tiene que ver en otro momento sobre su cumplimiento.
“No le aplaudimos al concesionario, al contrario, le exigimos y hoy con mucho gusto le corregimos la plana y le hacemos que cumpla, pero a un costo justo para la ciudadanía”, remarcó.
El coordinador de la bancada de Morena reiteró que en caso de no llevarse a efecto la modificación solicitada por el Soapap, se afectaría la economía de las familias.
En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, defendió la Minuta de Decreto al señalar que de no realizarse esta actualización a las tarifas se destinaría a los poblanos a pagar un aumento del 32 por ciento de golpe en un futuro.
El legislador priista enfatizó que con las modificaciones que se le realizaron a la propuesta del Soapap, representan un golpe a las finanzas de la empresa al no darse un incremento acelerado.
Agregó que, de no aprobarse ahora el dictamen, se convertiría en un pasivo en agravio de las finanzas del gobierno del estado y del organismo.
NUEVO ESQUEMA CON DESCUENTOS
- Para facilitar el pago del servicio, los diputados incluyeron un programa de estímulos fiscales. Las cuentas que tengan medidor se les hará una reducción de 45 por ciento, tratándose de uso doméstico y comercial.
- Se descontará 75 por ciento para los deudores que se pongan al corriente con sus pagos atrasados, que se encuentren en los estratos sociales 1, 2 y 3 y lo hagan antes del 10 de septiembre; y quienes quieran regularizar sus adeudos se les condonarán multas y recargos del 100 por ciento si pagan antes del 31 de octubre de este año.
- Asimismo, los impagos mayores a cinco años se declararán caducos y no tendrán que realizar el trámite ante la empresa, mientras que los adeudos de los últimos cinco años, es decir, hasta el año 2017, recibirán un descuento del 75 por ciento.
