El Instituto Nacional Electoral (INE) sentó un precedente importante que podría impactar en Puebla, al retirar las primeras 23 candidaturas debido a que candidatos a diputados federales o senadores no lograron acreditar la pertenencia, arraigo, ni servicio comunitario a favor de las comunidades a donde dijeron estar adscritos, tal como quedó evidenciado en los casos de los priistas Néstor Camarillo y Nadia Navarro.
El vocero de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Javier Lozano Alarcón, prácticamente dejó solos a los priistas al afirmar que “nadie puede andar diciendo que es indígena cuando no lo es”, pues sentenció que ello es un fraude a la ley, y remató: “si reciben esa sanción del INE, bien merecida la van a tener”, dijo.
Este miércoles, el Consejo General del INE aprobó la cancelación de 23 registros de candidaturas indígenas porque no se lograron acreditar que pertenecían a comunidades originarias o en éstas no conocen a los aspirantes.
En su análisis, el órgano electoral federal tomó en cuenta aspectos como los que fueron indagados por Hipócrita Lector durante una visita a la comunidad de El Molino, a la cual dijeron pertenecer y haber realizado trabajo tanto Néstor Camarillo como Nadia Navarro.
Los registros de los candidatos señalaban ser de ciertas comunidades indígenas pero sus actas de nacimiento evidenciaron lo contrario, además afirmaban tener trabajo permanente con las comunidades que buscaban representar, pero sus residencias están en otros municipios.
Otro aspecto que tomó en cuenta el INE en su revisión, es que los candidatos postulados aseguraban hablar lenguas maternas; sin embargo, no pudieron demostrarlo y tampoco presentaron actas de reconocimiento de estas comunidades.
Incluso, la autoridad electoral evidenció que los candidatos habrían falseado información, pues según oficios que remitieron autoridades municipales los lugares que refirieron los políticos se ubican a más de 200 kilómetros de la comunidad originaria, así como el hecho de que presentaron documentación de personas que no cuentan con autoridad en los pueblos originarios.
Del bloque de candidaturas canceladas, 12 corresponden a diputaciones y una senaduría de Movimiento Ciudadano (MC); cinco diputaciones y una senaduría del Partido del Trabajo (PT), mientras que dos diputaciones corresponden a Morena y una a la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Néstor Camarillo Medina, candidato al Senado en primera fórmula, y Nadia Navarro Acevedo, aspirante a la diputación federal por la vía plurinominal, defendieron sus registros como candidatos e intentaron justificar que, el primero, tiene arraigos populares y, la segunda, iniciativas de leyes a favor de la comunidad indígena de Puebla.
Lo anterior, a pesar de una investigación que realizó Hipócrita Lector que evidenció su falta de pertenencia y servicio comunitario en la comunidad de El Molino para obtener una candidatura indígena.
Ambos presentaron una constancia de adscripción a dicha comunidad indígena, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla, en la que se establece que hicieron constar su participación constante en diversas actividades en beneficio de la comunidad como brindar capacitaciones en derechos humanos y servicio comunitario en rehabilitación de espacios educativos y de salud.
Sin embargo, en una visita a la localidad se constató que la gente no conoce a ambos políticos y tampoco existe evidencia o rastro de que hayan realizado tales labores, aspectos que fueron asentados en la constancia que el propio comisariado ejidal dijo desconocer.
SE COMETIÓ FRAUDE A LA LEY: LOZANO
A decir de Javier Lozano, vocero de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, se advierte que la autoridad electoral está encontrando casos de “falsos indígenas” en los que aspirantes se definen como indígenas sin serlo.
“Eso en Derecho se llama fraude a la ley y, en mi opinión, otra vez mi opinión, el que sea, que se ande ostentando como lo que no es y si recibe esa sanción del INE, pues bien merecida la va a tener”, declaró.
En ese sentido, dijo que Nadia Navarro y Néstor Camarillo están sujetos a la misma normatividad y al mismo escrutinio del INE, por lo que en caso de que la autoridad electoral encuentra que cometieron fraude a la ley “ellos tendrán que presentar sus medios de defensa, y si no pueden convencer, pues ni modo”, acotó.
La semana pasada, ante la investigación que evidencia la ausencia de rastro de servicio comunitario, descendencia y pertenencia a la comunidad indígena de El Molino por parte de Néstor Camarillo y Nadia Navarro, la dirigencia estatal del PRI estalló en cólera.
“Tu medio de comunicación legalmente no tiene ninguna facultad para haber ido a investigar datos personales en la comunidad”, fue la respuesta que dio, irascible, la representante del PRI ante los órganos electorales, Laura Elizabeth Torres Villegas.
