Tráfico de influencias, corrupción, una interpretación tergiversada y a modo de la ley y un trato completamente insensible de las autoridades del Poder Judicial de Puebla hacia las víctimas, se asoman en el caso de violación a una menor, entonces de 14 años, por su padrastro Ramón N., que la embarazó y luego la sustrajo con su media hermana y la bebé que fue procreada por los dos, para llevarlas a salto de mata por más de cinco meses, por varios estados del país.
Se trata de una verdadera historia de terror que vivió la madre de las menores, Miriam Vázquez Vázquez, hasta la intervención del gobierno del estado, pues luego de casi medio año de no saber de sus niñas y con el alma en vilo, se pudo reunir con sus hijas y su nieta, desde este viernes; permanecían a resguardo del DIF.
El gobernador Miguel Barbosa debió tomar el caso en sus manos, luego de las fallas procesales y la negativa al derecho humano de acceso a la justicia, así como el maltrato del TSJ a las víctimas y tras la revelación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que habría claras huellas de tráfico de influencia y otros posibles delitos, que el mismo presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, habría dejado pasar por alto.
El caso ha puesto en entredicho al titular del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), quien es un excandidato panista a diputado federal suplente, pues la FGE halló indicios de colusión entre el juez de distrito de Zacatlán, presuntamente medio hermano de Ramón N., señalado como el agresor en este caso, y su colega juzgador de Huauchinango, para reclasificar el delito de violación agravada, que enviaría al culpable a la cárcel hasta por hasta 40 años, a solamente estupro, para obtener una libertad condicionada a una firma cada 15 días.
LA TRAGEDIA Y EL TERROR
“Lo único que le falta a este hombre es matarme o matar a una de mis hijas”, denunció en su momento Miriam Vázquez, con suficientes elementos en su narración y con un clamor que nació desde el terror de haber sido víctima, junto con sus hijas y nieta, de vejaciones, golpes, un caso de violación y también rapto, sin que las autoridades judiciales hayan siquiera intentado simular mínima sensibilidad sobre su caso.
Cinco meses duró el suplicio de no ver a sus hijas de 16 años (Andrea) y 8 años (Ximena, medias hermanas entre sí), pues su expareja, Ramón N., las sustrajo, luego de que presuntamente había violado a la primera, cuando tenía ella 14 años de edad, con quien procreó una niña que hoy tiene un año (Jiany).
A Miriam -según consta en sus declaraciones ministeriales- Ramón N. la ha golpeado, la ha amenazado, la ha agraviado de muchas maneras, pero a él los señalamientos por los presuntos delitos de violación equiparada, abuso sexual, sustracción de menores y violencia vicaria no lo han alcanzado plenamente.
Este caso se agrava, cuando se conoce el trato de negación de acceso a la justicia, con que el TSJ ha tratado a Miriam.
Un juez del Poder Judicial facilitó que el presunto delincuente eludiera su responsabilidad. Hay indicios que hacen suponer que se trató de un caso de tráfico de influencias, un “favorcito” que el juez de Zacatlán -quien de acuerdo con la FGE está emparentando con el imputado- pidió a su colega de Huauchinango, quien conoció el asunto.
Ramón N. estuvo apenas unas horas detenido el pasado 18 de agosto porque el juez de la causa de Huauchinango le otorgó, con visos de inconsistencias, la “reclasificación” de todos esos delitos a solamente estupro (delito sexual en el que una persona mayor de edad obtiene el consentimiento para la cópula con una persona menor de edad, por medio de la seducción o el engaño).
Esta inexplicable conducta y la reclasificación del delito, la justificó el propio presidente del Poder Judicial de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, en una entrevista este domingo.
Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió el boletín No. 430 este 19 de agosto, en el que señala y lamenta que “Ramón N. fue vinculado a proceso únicamente por el delito de estupro. El delito de estupro en el contexto del hecho establece una pena de 5 a 10 años de prisión, mientras que el de violación agravada es de 10 a 40 años de cárcel. Se tiene conocimiento de que el imputado es medio hermano de un juez”.
La mañana de este domingo, luego de una ceremonia conmemorativa en la capital poblana, Sánchez Sánchez responsabilizó al Ministerio Público de la libertad condicionada que un juez dio al imputado porque “debe ofrecer datos suficientes en audiencia”, e incluso lanzó culpas al Poder Legislativo: “voy a hacer una petición respetuosa, por supuesto, al Legislativo, para que se pueda revisar la codificación penal en el estado de Puebla”.
La FGE advirtió que, “ante la disparidad entre la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial y por el cambio de criterio sin mediar elementos de prueba o considerar otros ajenos a las partes, la Fiscalía General del Estado de Puebla promoverá las acciones que estime conducentes para que en este caso como en todos los que interviene la Institución se procure una justicia objetiva y apegada a los hechos”.
El mismo 19 de agosto, al conocerse el sospechoso beneficio que el TSJ, que preside Héctor Sánchez, otorgó al presunto violador, el gobierno del estado expresó en su cuenta de Twitter:
“El gobierno del estado expresa su rechazo a la violencia con la que ha sido tratada la señora Miriam Vázquez Vázquez, pronunciándonos en su favor con el completo apoyo institucional y legal”.
Con tibieza, el Poder Judicial emitió horas después un comunicado en el que, en resumen, dicen que el tema lo investigará la Judicatura estatal.
ACABAR CON EL SISTEMA DE PRIVILEGIOS
Este domingo, al presidir la ceremonia conmemorativa por los aniversarios luctuosos de Carmen Serdán y Leona Vicario, en el Museo Casa de los Hermanos Serdán, el gobernador de Puebla se refirió en su mensaje al papel que los poderes Legislativo y Judicial deben encabezar en la transformación de su entorno, para cumplirle al pueblo.
“Hoy el pueblo también puede estar cansado. Si no entendemos que debemos de mejorar sus condiciones de vida; si no entendemos que debe de recibir este pueblo condiciones generales para poder hacer una vida en sociedad adecuada”, dijo Miguel Barbosa.
Agregó “que debe de haber la seguridad necesaria para ello, la justicia necesaria para ello. La educación, la cultura, la salud, en generar el bienestar”.
“Por eso tenemos que entender que el sistema de privilegios no puede continuar y que la transformación en el ejercicio del poder no puede detenerse. O nos volvemos los sostenedores del estado de cosas, aliados del estado de cosas. O nos volvemos las cabezas de la transformación.
“El gobierno que yo encabezo está decido a ser quien encabece la transformación. El poder Ejecutivo del estado va a ser siempre cabeza de la transformación. Y yo espero que los demás poderes públicos en Puebla sean cabezas de la transformación, no preservadores del estado de cosas”, sentenció.
VOZ AUTORIZADA
Sobre este caso que ha causado la indignación social en Puebla, la doctora en psicología, Elsa Herrera Bautista, advierte sobre la revictimización de las menores y la madre y de las carencias de los jueces del TSJ de Puebla en perspectiva de género y defensa de la infancia, pero además exhibe que la autoridad judicial ha minimizado su gravedad.
“Este caso ejemplifica la aplicación de la ley sin enfoque de género y sin enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia. Con la ‘reclasificación’ del delito, de violación a estupro, claramente se favorece al agresor y no se toman en cuenta las afectaciones emocionales y sociales que hay en el bienestar de las víctimas directas e indirectas”, estableció la especialista en temas de la infancia que ha asesorado a Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales.
Elsa Herrera Bautista consideró que “la tipificación misma del delito de estupro es contraria al enfoque de derechos de infancia y adolescencia, porque si una persona adulta sostiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, esto debería ser tratado como violación, aunque se contemplen atenuantes como si la diferencia de edad es menor de tres años”.
La también académica en psicología y sociología, advirtió que en este caso, que se registró en el municipio de Huauchinango, hay agravantes que se han pasado por alto.
“En este caso, dado que quien comete la agresión es el padrastro, es decir, alguien que compartía domicilio y tenía la obligación de velar por el bienestar de la adolescente, el delito adquiere una mayor gravedad.
“Cuando las autoridades actúan con un sesgo que minimiza el daño sufrido por las víctimas, dejando en libertad a los agresores (delincuentes) y aplicando la ley a modo para aplicar sanciones leves, el mensaje de impunidad que se envía a la sociedad favorece que el delito se siga cometiendo y que las víctimas, mujeres y niñas, continúen en una posición de vulnerabilidad”, advirtió Herrera Bautista.
