La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un posible daño patrimonial por 261 millones 290 mil 678 pesos durante 2023, el último año de gestión del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez al frente del Ayuntamiento de Puebla.
El informe individual de la cuenta pública 2023 fue presentado este 30 de abril ante el Congreso del Estado por el encargado de despacho de la ASE, Fidel Teomitzi Sánchez.
Según el documento, el Ayuntamiento de Puebla recibió 15 pliegos de observaciones, 28 solicitudes de aclaración y seis recomendaciones como resultado de la fiscalización correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. A partir de la notificación, la administración municipal tendrá 30 días para solventar las observaciones.
En caso de no atenderlas, las irregularidades quedarán “firmes” y serán turnadas a la Contraloría municipal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía General del Estado para el fincamiento de responsabilidades.
Principales irregularidades detectadas
La observación de mayor monto corresponde a 101 millones 739 mil 240 pesos ejercidos mediante 67 contratos para servicios profesionales, científicos y técnicos, difusión en radio y televisión, y creación de contenido en internet. Sin embargo, no se presentó la documentación completa que comprobara entregables, pagos o detalles precisos de los servicios.
Otra posible anomalía corresponde al programa de microcréditos, uno de los proyectos insignia de Rivera Pérez, que presentó un presunto desfalco por 26 millones 948 mil 500 pesos. En al menos 100 expedientes, los beneficiarios no acreditaron el cumplimiento de requisitos.
Además, la ASE detectó un posible daño por 23 millones 488 mil 510 pesos en un contrato con la Universidad Autónoma de Chapingo para la compra de plantas, tratamiento fitosanitario y dictaminación arbórea.
También se observó un posible quebranto de 11 millones 456 mil 825 pesos por la realización de la fiesta de fin de año para más de 6 mil burócratas del municipio.
Finalmente, se señaló una factura por 365 mil pesos presentada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por concepto de “arrendamiento”, aunque en realidad se destinó a la organización del segundo informe de gobierno de Rivera Pérez, realizado antes de solicitar licencia para su fallida candidatura a la gubernatura.
