La Ley Anti Milpa debe entenderse como un proceso de regulación que sancione actos irregulares en el servicio público, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al encabezar su conferencia matutina.
En su mensaje, subrayó que donde exista corrupción, se debe aplicar la ley con sentido estricto y no político, reiterando que su administración no persigue a nadie, sino que promueve valores y principios que fortalezcan las instituciones.
“Las leyes se crean para regular la convivencia y garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado que sirven a la sociedad”, expresó.
Como ejemplo de la corrupción institucional, Armenta mencionó el caso del Museo Barroco, proyecto que originalmente costaría 600 millones de pesos, pero que —según dijo— terminó en 14 mil millones:
“No me digan que fue un diezmo. Fue una sociedad coludida, una acción deliberada de saqueo institucional al amparo del poder”, sentenció.
El mandatario también llamó a quienes aspiran a cargos públicos, como presidencias municipales o gubernaturas, a tener presente que la función pública es para servir, no para obtener beneficios personales o económicos.
Por ello, reiteró que la Ley Anti Milpa busca establecer con claridad que quienes participen en la vida pública deben estar sujetos a normas estrictas de transparencia y responsabilidad.
