El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que no se cancelará la concesión del servicio de agua potable a la empresa Concesiones Integrales SA de CV (Agua de Puebla), toda vez que la revocación sería inviable debido al alto costo que implicaría, estimado en alrededor de 10 mil millones de pesos, cifra comparable al financiamiento restante del Museo Internacional del Barroco.
En ese sentido, precisó que, aunque se cuenta con nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podrían emitir una resolución favorable, los costos económicos hacen inviable la acción.
El gobernador explicó que, a pesar de que Agua de Puebla no ha cumplido con las inversiones comprometidas, la empresa utilizaba sus vínculos con anteriores administraciones y con instancias del Poder Judicial para protegerse de sanciones.
Por ello, la estrategia del gobierno estatal se centrará en negociar acuerdos que beneficien a los poblanos, con la participación de la Conagua, la Consejería Jurídica, el Poder Judicial y la propia empresa, para asegurar que se realicen las inversiones pendientes.
Armenta Mier también cuestionó la posición de quienes exigen la cancelación inmediata de la concesión, al recordar que durante la administración de Rafael Moreno Valle no hubo oposición a la privatización del agua.
En paralelo, el gobernador de Puebla indicó que sí se busca bloquear contratos irregulares con empresas privadas, como el del Libramiento Poniente firmado con Melgarejo Construcciones, y apuntó que los litigios por obras inexistentes que dejaron deudas por más de 3 mil millones de pesos continúan su curso en los tribunales.
“Para empezar, es un proceso judicial. Ya no tenemos a la señora Piña, corrupta, cómplice de los empresarios corruptos, que nos dejó al estado una deuda de 3 mil millones de pesos por obras inexistentes que estamos litigando. Y si hoy hiciéramos un procedimiento, tal vez, yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia actuaría distinto”, dijo el mandatario estatal.
