En lo que va del año, 36 funcionarios del gobierno estatal de Puebla han sido sancionados por irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción, informó el gobernador Alejandro Armenta.
Del total, dos funcionarios ya fueron destituidos de sus cargos. Esta cifra forma parte de los 478 expedientes abiertos desde enero, los cuales están bajo revisión de los 22 órganos de control interno del estado.
Armenta detalló que, además, 22 burócratas fueron inhabilitados, uno recibió una amonestación pública, 10 amonestaciones privadas y otro funcionario fue suspendido.
El gobernador subrayó que su administración no tolerará la corrupción, pero tampoco caerá en actos de escarnio público. “No habrá escenas mediáticas ni listas negras, el enfoque será el cumplimiento de la ley sin espectáculo”, afirmó.
“No hay omisión, pero tampoco persecución ni escarnio. Yo no voy a mandar a la policía a detener a un servidor público o sacarlo de su oficina”, enfatizó.
Por otro lado, anunció que su gobierno trabaja en la elaboración de la “Ley Antimilpa”, una propuesta para regular las donaciones a políticos y evitar acuerdos opacos.
Finalmente, Armenta reconoció que algunos colaboradores han dejado su equipo por diferencias con su estilo de gobernar, aunque aseguró que su proyecto es el que eligieron los poblanos en las urnas.