El exauditor Superior del Estado, Francisco N., no solo está implicado en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financia (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal hasta por 427.1 millones de pesos, además es acusado por imponer a auditores externos quienes extorsionaron a presidentes municipales con altos cobros de honorarios a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas.
Los ediles aprovecharon la caída de Francisco N., quien se encuentra preso en el penal de San Miguel, para denunciar los abusos de quienes estaban a cargo de la fiscalización de los recursos públicos de sus ayuntamientos, vía la figura de auditor externo, quienes fueron contratados por los municipios con el aval del Cabildo.
Los ediles denunciaron esta situación ante el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien refirió que el pasado sábado se reunió con un grupo de presidentes municipales de la Sierra Norte de Puebla, y le manifestaron haber sido sujetos de presiones para contratar al auditor externo a modo del listado que publicó la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre los despachos autorizados por el órgano entonces a cargo de Francisco N.
Por ello, avaló la limpia que inició la actual titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, para dejar fuera a los despachos y auditores que formaban parte del padrón de auditores externos para el ejercicio fiscal 2022.
A través de un acuerdo, Gómez Nava dejó sin efecto el procedimiento de autorización como auditores externos para el presente año, por lo que la Auditoría repondrá el proceso de selección mediante la emisión de una nueva convocatoria “para dictaminar los estados financieros, programáticos, contable y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del estado de Puebla”, señala el documento publicado en la página de la ASE.
