Desde hace al menos siete años, el impacto de la organización Antorcha Campesina en el transporte público de Puebla se ha convertido en un tema creciente, pues a pesar de no contar con concesiones oficialmente registradas ante las autoridades del estado, han logrado establecer rutas piratas que invaden trayectos ya establecidos por concesionarios legales.
La intromisión de la agrupación comercial en temas del transporte público fue recordada este lunes por la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, quien expuso que junto a la Unión de Vendedores Ambulantes UPVA 28 de octubre, han intentado boicotear la Revista Vehicular para regularizar las unidades.
A lo largo de los últimos años, las unidades de transporte vinculadas con Antorcha Campesina han recorrido zonas de la ciudad y áreas metropolitanas, como la vía Atlixcáyotl, Lomas de Angelópolis, Las Carmelitas y 11 Sur sin el respaldo de una concesión formal, invadiendo trayectos de otras rutas legalmente registradas.
El medio de comunicación Central, documentó en 2022 parte de sus abusos, al señalar que con un modus operandi basado en el uso de unidades tipo van, la organización ha logrado posicionarse en zonas de alta demanda, lo que ha incrementado la competencia desleal, siendo éste el principal motivo por el que se oponen a una Revista Vehicular en el estado.
Las tensiones no solo se limitan a los conflictos por rutas; las presiones ejercidas por miembros de Antorcha Campesina han derivado en situaciones de violencia. En 2019, transportistas denunciaron amenazas de integrantes de la organización, específicamente de Soraya Córdova Morán y Lluvia Sánchez Hernández.
Además, en enero de 2023, Antorcha Campesina protagonizó una manifestación que provocó bloqueos importantes en Puebla, incluyendo cierres en el sistema RUTA y la vialidad en el Centro Histórico.
Este clima de intimidación escaló aún más en agosto de ese mismo año, cuando miembros de la agrupación intentaron secuestrar y golpear a algunos concesionarios en la colonia San Ramón Cuarta Sección.
En uno de los episodios más críticos, en julio de 2024, los transportistas de la ruta 77A denunciaron que fueron retenidos por operadores afiliados a Antorcha Campesina, quienes les impidieron circular bajo el argumento de una invasión de su derrotero.
La situación se complicó aún más en la colonia Valle del Paraíso, donde los choferes de rutas asociadas a Antorcha Campesina bloquearon el paso de otras unidades, aumentando la presión sobre los conductores legales.
Durante esta movilización, la organización exigió al gobierno estatal que la verificación de unidades de transporte fuera gratuita para sus miembros, petición que no fue bien recibida por el Ejecutivo, que recordó que el proceso de verificación era un requisito indispensable para todos los transportistas, sin distinción.
Las demandas de Antorcha Campesina no se limitaron solo a la verificación, sino que también incluyeron la exigencia de cancelación del Pase Turístico y la extensión de los plazos para la verificación de unidades durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
A pesar de las acusaciones en su contra, los líderes de Antorcha Campesina, en agosto de 2024, defendieron su actuar, al asegurar que las acusaciones de invasión de rutas eran infundadas.
Ovidio Celis, uno de los líderes del transporte de la organización, negó que su grupo estuviera involucrado en prácticas ilícitas y culpó a la Secretaría de Movilidad y Transporte por impedir la regularización de sus rutas. Según Celis, las rutas de Antorcha Campesina, como la 54, 22, 25, 20 y 25, no han sido reconocidas debido a la falta de colaboración del gobierno estatal.
Sin embargo, la realidad en las calles es distinta. Vecinos y transportistas han denunciado que Antorcha Campesina utiliza su influencia política y social para impedir la entrada de otras rutas en colonias del sur de la ciudad, como Valle del Paraíso. En estos lugares, los choferes de las rutas tradicionales se enfrentan a amenazas, bloqueos y, en algunos casos, a la violencia física.
