En Puebla operan cientos de empresas fantasma debido a que los notarios no eran obligados a verificar que las personas que constituían las compañías fueran reales, indicó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
A partir de la aprobación de la nueva Ley del Notariado, los fedatarios tendrán que rendir un informe a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre las nuevas empresas constituidas, para evitar que sean empresas inexistentes o fantasma, a través de las cuales se cometan delitos como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El mandatario advirtió que los notarios deberán cumplir con la entrega de información sobre la constitución de nuevas empresas en el estado, pues de lo contrario la ley prevé sanciones contra quienes la incumplan.
Esta información incluye toda la documentación relacionada con el proceso de creación de una empresa, cambio de socios o accionistas, así como cambio de domicilio, de acuerdo con el decreto que publicó el gobierno del estado el pasado 22 de julio.
La falta de esta obligación de los notarios provocó que proliferaran las empresas fantasma en el estado y de acuerdo con el gobernador son muchas personas las que se dedican a esta actividad ilícita en los últimos años.
“Puebla está cundido de empresas fantasma, de factureras, hay muchísimas personas que se dedican a eso y estamos sabiéndolo, muchas son empresas constituidas en Puebla y otras fuera de Puebla”, señaló Miguel Barbosa.
En ese sentido, dijo que en otras administraciones no se volteó a ver la actividad de los notarios, pues en ocasiones se solapaban las irregularidades, de las cuales se daba fe pública.
“Los fedatarios nunca tuvieron cuidado de corroborar la certeza de que los socios fueran personas reales”, dijo, pues en muchas ocasiones las empresas se conformaban únicamente con las identificaciones de los supuestos participantes.
Por ello, dijo que su administración propuso una reforma con la finalidad de brindar certeza, no solo en el ámbito comercial para la creación de empresas sino en los actos jurídicos en los que intervienen los fedatarios.
“Las leyes están ahí para cumplirse, el que no las cumpla podrá ser sujeto de sanciones, los fedatarios tienen que cumplir la ley, así debe ser”, añadió.
De acuerdo con las modificaciones a la ley, se prevén de uno a cinco años de prisión a notarios que incurran en irregularidades como el uso de prestanombres. Además, obliga a los titulares a entregar los recibos de pago de todos los trámites, con la finalidad de transparentarlos; entre las irregularidades que se penalizan con cárcel está la negativa a entregar información requerida por la autoridad.
Los titulares de las notarías deberán dar “aviso” a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para lo cual deberán ingresar al sito www.uipe.puebla.gob.mx; además de mantener de manera confidencial su información sobre los mismos, salvo que el propio organismo estatal lo solicite, aunque la documentación, información, datos e imágenes relacionados con su presentación, no se considerarán por sí mismos indicios fundados de la comisión de delitos.
Hipócrita Lector ha documentado la utilización de empresas fantasma para la triangulación de recursos de procedencia ilícita hacia paraísos fiscales en otros países. Tal es el caso de las 32 empresas constituidas por Florentino Tavera Ramos que están relacionadas con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tavera Ramos, uno de los principales involucrados en una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos —cuya investigación tiene en la lona al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco–, funge como representante legal en un conglomerado de 32 empresas que habrían sido utilizadas para triangular recursos con destino a nueve países.
Entre las 32 compañías constituidas en la ciudad de Puebla entre 2017 y 2019 que fueron detectadas por la UIF, algunas han sido catalogadas como factureras y comparten diversas anomalías como el registro de domicilios en unidades habitacionales o bien, registraron actividades empresariales dispares como la compra-venta de maquinaria, servicios de reclutamiento y selección de personal o hasta la venta de artículos de limpieza.
