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miércoles, febrero 12, 2025

Agresores en Club Mallet no tenían certificación, denuncian empresarios

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Integrantes de la Unión Empresarial de Seguridad Pública y Conexos (Uespac) afirmaron que los cadeneros del Club Mallet, responsables de la agresión contra un padre y su hijo, no estaban certificados como lo exige la ley.

En conferencia de prensa, Luis Miguel Mendoza Reyes, presidente de la organización, desligó a la Uespac y a las corporaciones de seguridad privada del ataque ocurrido el 2 de febrero. Aseguró que en la Isla de Angelópolis no hay vigilantes registrados ante la autoridad estatal.

Señaló que la asociación cuenta con 40 empresas afiliadas y mil 200 elementos, ninguno de los cuales presta servicio en la zona exclusiva ni en bares o centros nocturnos.

Mendoza Reyes sostuvo que los sujetos que golpearon al padre e hijo hasta dejarlos inconscientes no contaban con certificación. Explicó que, según el reglamento vigente, el personal de seguridad privada debe portar uniforme e identificación oficial.

“Claramente esas personas que están en estos lugares, en centros nocturnos y ese giro no son elementos de seguridad privada que pertenezcan a una empresa de las que integran “, subrayó.

Advirtió que la falta de seguridad certificada no es exclusiva de la Isla de Angelópolis, ya que ningún bar o centro nocturno ha contratado a alguna de las 40 empresas del gremio.

Los integrantes de la Uespac denunciaron que los establecimientos con venta de alcohol incumplen la reforma aprobada en julio de 2024, la cual obliga a contratar corporaciones con permisos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Esta legislación fue promovida por el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras la agresión contra el estudiante Ernesto Calderón, quien fue golpeado en la zona de bares de Angelópolis.

Mendoza Reyes pidió que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, facilite la regulación de las empresas de seguridad. Estimó que registrar a un guardia privado cuesta hasta 6 mil 515 pesos, debido a los pagos de exámenes, pruebas de control de confianza y certificados de antecedentes no penales.

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