La administración del presidente Donald Trump anunció la congelación de más de $2,200 millones en subvenciones y $60 millones en contratos federales destinados a la Universidad de Harvard. Esta medida responde a la negativa de la institución de implementar una serie de reformas exigidas por el gobierno, las cuales incluyen cambios en las políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles.
Entre las demandas del gobierno se encontraban la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la prohibición de grupos estudiantiles pro-palestinos y la cooperación con autoridades migratorias. Harvard rechazó estas exigencias, argumentando que violan su autonomía institucional y los derechos constitucionales de libertad académica.
El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró que la universidad “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”. Esta postura ha sido respaldada por diversas figuras públicas, incluyendo al expresidente Barack Obama, quien calificó la acción del gobierno como “ilegal y torpe”.
La congelación de fondos representa aproximadamente el 11% del presupuesto operativo de Harvard. Aunque la universidad cuenta con un fondo de dotación de $53 mil millones, gran parte de este está comprometido o invertido en activos de baja liquidez, lo que podría generar tensiones financieras adicionales.
Esta acción forma parte de una serie de medidas similares tomadas por la administración Trump contra otras instituciones de educación superior, como Cornell, Northwestern y Columbia, en un esfuerzo por imponer su agenda política en los campus universitarios.
Organizaciones académicas y defensores de la libertad de expresión han condenado estas acciones, argumentando que representan una amenaza a la autonomía universitaria y a los principios fundamentales de la educación superior en Estados Unidos.
