El Ayuntamiento de Puebla enfrenta un déficit financiero de 547 millones de pesos, según lo expuesto por Héctor González Cobián, titular de la Tesorería Municipal. Este problema, señaló, fue heredado de la gestión anterior encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, tras un análisis exhaustivo realizado durante los primeros dos meses de la actual administración.

Según lo explicado por el funcionario, de los 547 millones, hay un faltante bancario de 333.9 millones de pesos que corresponde a compromisos de pago realizados sin respaldo financiero.

También se identificaron contratos pendientes por 116.9 millones de pesos, en su mayoría relacionados con obra pública que debía ser asumida por la actual administración, pero que fueron pactados por la gestión panista.

Un tercer punto son las presiones presupuestarias de 96.2 millones de pesos, es decir, recursos que deberían haberse incluido en el presupuesto anterior para temas prioritarios, pero que ahora se traducen en una carga financiera adicional.

Ante estas irregularidades, la contralora municipal, Lilia Rivera Aranda, anunció el inicio de un proceso de responsabilidad administrativa. Según explicó, en noviembre se presentó una denuncia formal por estos hechos, que actualmente está en fase de investigación.

Rivera Aranda manifestó que no se trata de persecución política, sino de una indagación apegada a derecho. Además, se verificarán los contratos de servicios y obras firmados por la administración anterior para determinar si cumplen con las normativas y si los entregables fueron correctamente recibidos.

Durante el proceso de entrega-recepción, se detectaron 368 observaciones que fueron notificadas a los responsables para que aclararan su situación. Sin embargo, al no recibir respuestas, se levantaron actas correspondientes, otorgándose un plazo de 45 días para solventarlas.

Rivera Aranda explicó que, tras esta etapa, los dictámenes se presentarán al Cabildo y posteriormente a la Auditoría Superior del Estado.

En tanto, el secretario de Administración, Juan José Tapia, reportó 82 pagos pendientes por un total de 104 millones de pesos, que incluyen arrendamientos de inmuebles, pensiones, servicios digitales y mantenimiento vehicular, entre otros.

Además, se identificaron deficiencias en el control de inventarios, como la falta de registros actualizados en el almacén de materiales y en el parque vehicular del municipio. Para hacer frente a esta situación, la dependencia ha realizado ajustes al presupuesto financiero, priorizando el pago de nóminas, aguinaldos e impuestos.