A pesar de que se intentó ocultar que la adquisición de 150 cámaras corporales para policías de tránsito se efectuó en la administración morenista, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, tuvo que reconocer públicamente que la inversión de 3.2 millones de pesos para estos artefactos fue un trabajo de su antecesora, Claudia Rivera Vivanco, a quien funcionarios panistas acusaron deliberadamente de “desaparecer” dichos artículos.
El edil evitó señalar por qué las 150 bodycams estuvieron guardadas durante más de un año en los almacenes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y tampoco dijo una sola palabra sobre el discurso acerca de que la administración pasada no había enlistado los aparatos durante el proceso entrega-recepción.
“Son las que se entregaron de última hora, son las que se implementaron y estarán funcionando durante el resto de la administración”, reconoció el edil.
No obstante, fue hasta este lunes que el edil presumió una inversión total de 3.2 millones de pesos para 150 bodycams, aunque el monto real de adquisición de los bienes fue por 5.6 millones de pesos en julio de 2021, es decir, en la pasada gestión.
El contrato fue firmado por la anterior secretaria de Seguridad, María de Lourdes Rosales Martínez, y el administrador único de la empresa Cecom Mayoristas S.A de C.V, Armando Méndez. En el documento se acordó la entrega de las cámaras, multicargadores de los equipos, licenciamientos de softwares, así como el servicio de telefonía e internet.
También se especificaron cuatro partidas: 3 millones 325 mil pesos para 150 videocámaras corporales de 2.8 pulgadas, 238 mil 095 pesos para licencias para la recopilación, almacenamiento y monitoreo de los aparatos; 320 mil 987 pesos para un servidor con procesador Intel Xeon; 161 mil 240 pesos para un servidor de almacenamiento tipo NAS; 795 mil 314 pesos para el servicio de telefonía celular; y 44 mil 905 pesos para un multicargador de seis posiciones para descarga de contenido.
El problema fue que María del Consuelo Cruz Galindo, actual titular de la SSC, difundió la versión de que las cámaras personales para policías no se hallaban por ningún lado, por lo que incluso se daría vista a la Contraloría municipal para que investigara.
No obstante, este lunes Rivera Pérez entregó las cámaras de corporales presumiendo que se trató de un proyecto propio y fue hasta más de un año después desde que la empresa las entregó, lo que puso en riesgo incluso la garantía de los equipos.
