A medida que se acercan las primeras elecciones judiciales en México, programadas para el 1 de junio de 2025, expertos en procesos electorales han urgido a las autoridades a implementar protocolos de seguridad permanentes y homologados durante las campañas y la jornada electoral, debido a la creciente violencia que afecta al país.
Arturo Espinosa, integrante de Laboratorio Electoral, enfatizó la necesidad de que las autoridades electorales colaboren estrechamente con las instancias de seguridad para desarrollar un protocolo que aborde de manera efectiva la violencia en los comicios. Según Espinosa, “en México, la violencia en las elecciones no puede considerarse un hecho aislado; ya es parte de los comicios. Las autoridades electorales deben trabajar en un protocolo permanente, pero no lo quieren atender”.
La preocupación se centra especialmente en los municipios donde la violencia durante las campañas es más pronunciada y donde el crimen organizado tiene una presencia significativa. De acuerdo con informes recientes, ocho estados presentan niveles de “muy alto riesgo” y “alto riesgo” de injerencia del crimen organizado en las elecciones judiciales, lo que podría traducirse en amenazas, coacción, ataques armados e incluso asesinatos de candidatos.
En respuesta a esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en febrero un protocolo de prevención de riesgos de violencia para el proceso electoral del Poder Judicial, centrado en prevenir la injerencia de la delincuencia organizada. Sin embargo, expertos consideran que es esencial fortalecer y homologar estos protocolos a nivel nacional para garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral.
Organizaciones civiles han documentado un incremento del 2.5% en la violencia política en lo que va del año, registrando 26 asesinatos de personas relacionadas con la política. Este contexto subraya la urgencia de implementar medidas de protección efectivas y coordinadas en todo el país.
El reciente ataque con bombas molotov a la sede del Consejo Municipal Electoral de Chignahuapan, Puebla, ocurrido el 22 de marzo, refuerza la urgencia de estas medidas. El incendio, que fue controlado por bomberos y Protección Civil, causó daños materiales sin afectar la papelería electoral, pero llevó a la renuncia del consejero presidente, Edwin Téllez, quien expresó preocupación por su seguridad y la de su equipo.
La implementación de protocolos de seguridad efectivos es crucial para asegurar la integridad de las elecciones judiciales y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático.
