La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe más detallado al cónsul de México en Miami sobre las condiciones en las que se encuentran los mexicanos detenidos en el centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, Estados Unidos.
La mandataria busca conocer con precisión el número de connacionales detenidos, su estado legal, sus condiciones de reclusión y el tipo de atención consular que han recibido. Esta instrucción surge luego de que el cónsul Rutilio Escandón informara que al menos 30 mexicanos permanecen en ese centro, cifra superior a los 14 casos inicialmente reportados por la propia presidencia semanas atrás.
“Alligator Alcatraz” —apodado así por su localización entre pantanos y caimanes— ha sido duramente criticado por organismos defensores de derechos humanos, que lo señalan por hacinamiento, falta de atención médica y condiciones insalubres. Además, su diseño ha sido calificado como inhumano, al dificultar las visitas legales y familiares.
Activistas han comparado el centro con un “campo de concentración moderno”, señalando que su aislamiento natural impide la vigilancia ciudadana y legal, lo que agrava la vulnerabilidad de las personas detenidas.
Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no tolerará abusos contra migrantes mexicanos en el extranjero y, en semanas recientes, solicitó la repatriación inmediata de los mexicanos detenidos en ese centro. Al menos dos de ellos ya fueron devueltos al país tras comprobarse que tenían estatus legal en Estados Unidos.
La Cancillería mexicana mantiene comunicación con las autoridades migratorias estadounidenses, y ha prometido visitas consulares frecuentes, asesoría legal y protección para los connacionales detenidos.
“Alligator Alcatraz” abrió oficialmente el 3 de julio de 2025 como un centro temporal de detención para migrantes indocumentados en proceso de deportación. Desde entonces, ha sido señalado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La respuesta de la presidencia busca presionar a las autoridades estadounidenses y elevar la vigilancia diplomática, a fin de garantizar el respeto al debido proceso y la integridad de los migrantes mexicanos.
