El Senado de la República presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que cancela candidaturas judiciales a personas prófugas, deudoras alimentarias o con antecedentes de violencia de género.
El Senado argumenta que el INE excede sus atribuciones al aplicar el mecanismo “8 de 8 contra la violencia” en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Según la Dirección de lo Contencioso, los Comités de Evaluación ya verificaron los requisitos de elegibilidad, por lo que esta revisión adicional vulnera los derechos de los aspirantes.
Aunque el INE no podrá impedir la participación de los candidatos en la jornada electoral, sí usará la información sobre antecedentes penales al momento de validar las constancias de mayoría el 15 de junio.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que al menos 20 aspirantes tienen presuntos vínculos con el crimen organizado. A pesar de ello, la Cámara Alta insiste en que el INE no debe intervenir nuevamente en la revisión de perfiles.
Será el TEPJF quien defina si el INE puede aplicar el mecanismo “8 de 8 contra la violencia” en este proceso electoral clave para el Poder Judicial.
