La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación su nuevo Reglamento de Sesiones, que marca un giro histórico en el funcionamiento del máximo tribunal del país: por primera vez, se contempla la posibilidad de que el Pleno sesione fuera de la Ciudad de México, en comunidades indígenas y afromexicanas.
El documento establece que, aunque se mantienen las sesiones privadas, estas serán excepcionales y únicamente podrán realizarse con autorización del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Por regla general, las sesiones serán públicas y abiertas a toda persona interesada, siempre que el espacio lo permita.
De acuerdo con el reglamento, las autoridades comunitarias deberán ser consultadas previamente para garantizar que las sesiones respeten tradiciones, costumbres y lenguas originarias.
También se asegura el acceso a personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, incluyendo intérpretes en lengua materna o lengua de señas mexicana, cuando sea necesario.
En los casos que involucren a pueblos originarios, comunidades afromexicanas, niñas, niños y otros grupos vulnerables, las sentencias deberán difundirse en formatos accesibles y, de ser necesario, traducirse a idiomas indígenas.
El nuevo reglamento también busca agilizar los debates del Pleno. El ponente contará con diez minutos para presentar el caso; en la primera ronda, cada ministra o ministro tendrá siete minutos, y en la segunda ronda, las intervenciones serán de cinco minutos. Las réplicas se limitarán a cinco y tres minutos, respectivamente.
Además, se estableció un calendario semanal para las sesiones del Pleno:
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Lunes y martes: acciones y controversias constitucionales
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Miércoles: asuntos penales y civiles
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Jueves: temas administrativos y laborales
Con estas modificaciones, la SCJN no solo busca mayor eficiencia, sino también acercar la justicia a regiones históricamente marginadas del sistema judicial federal.
Las sesiones itinerantes se conciben como un puente de vinculación con comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, y como una forma de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial en todo el país.
