La renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recientemente asumida por sus nueve nuevos ministros, enfrenta un significativo reto: más de 1,500 asuntos pendientes, incluidos casos fiscales, penales y controversias constitucionales, quedaron sin resolver tras la salida de la anterior integración.
Como parte de la adopción de la nueva reforma judicial, la Corte aprobó “acuerdos generales” para mejorar la distribución y atención de casos. A partir de ahora, los asuntos serán asignados mediante un sistema automatizado y aleatorio, eliminando la discrecionalidad previa en la decisión de turnos. Además, se contempla implementar audiencias públicas con participación de la ciudadanía, expertos y comunidades afectadas.
Estos acuerdos responden a una nueva obligación judicial: la reforma constitucional establece que los juicios fiscales deben concluir en máximo seis meses.
El analista jurídico Luis Tapia alertó que aún quedan incertidumbres: se debe aclarar a partir de qué fecha comienzan a correr esos plazos y si existen los recursos materiales y humanos suficientes para cumplirlos. Además, propuso que cada ministro asigne plazos concretos a los casos que reciba. En caso de incumplimiento, la reforma prevé que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser notificado.
