La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República el segundo paquete de reformas a leyes secundarias del Poder Judicial, con el objetivo de modernizar el juicio de amparo, garantizar una justicia más rápida y evitar abusos en el uso de este recurso legal.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), se destacó que las modificaciones buscan que el amparo sea más ágil, transparente y digital, estableciendo plazos claros y evitando que se utilice para postergar pagos fiscales por parte de empresas deudoras.
“Lo importante es que la justicia sea más expedita y se cumpla con la reforma constitucional”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.
La consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicó que estas reformas buscan proteger el interés social y el orden público, además de homologar delitos que ameritan prisión preventiva y reforzar medidas de seguridad para las personas juzgadoras.
Entre las leyes secundarias que se reforman destacan:
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Código Nacional de Procedimientos Penales: plazos comunes de 5 días, notificaciones digitales y reglas claras de detención en flagrancia.
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Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: protección especial para jueces y magistrados.
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: resoluciones en máximo seis meses y suspensión conforme a criterios de la Corte.
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Ley de Amparo: juicios más ágiles, digitalización con plena validez legal y nuevas reglas en materia de suspensión y congelamiento de cuentas.
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Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: actualización de procesos para garantizar mayor eficiencia.
El coordinador de política y gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, subrayó que las reformas a la Ley de Amparo no limitan derechos, sino que modernizan el proceso para hacerlo más eficaz, sin afectar la defensa de particulares.
Estas medidas forman parte de la Reforma al Poder Judicial en México, cuyo objetivo central es fortalecer el acceso a la justicia, agilizar los procesos y cerrar espacios a la corrupción y evasión fiscal.
