La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo que envió al Senado de la República busca hacer más expedito el sistema judicial mexicano, al evitar que los juicios de amparo se prolonguen durante décadas.
“Queremos que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso”, afirmó la mandataria al destacar que la iniciativa de reforma propone reducir tiempos procesales y modernizar los mecanismos de impartición de justicia.
La iniciativa de la Ley de Amparo contempla:
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Establecer plazos más estrictos en los juicios de amparo, como un máximo de 60 días para dictar sentencia una vez concluida la audiencia constitucional.
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Restringir las suspensiones de amparo que actualmente permiten frenar investigaciones o congelar acciones contra posibles actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
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Precisar el concepto de “interés legítimo”, de modo que solo procedan amparos cuando exista una afectación jurídica real y comprobable.
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Incorporar medios digitales como expedientes electrónicos y comparecencias virtuales, con el fin de agilizar trámites judiciales y reducir costos.
Especialistas en derecho han advertido que, si bien la reforma a la Ley de Amparo puede agilizar procesos, también podría limitar el acceso ciudadano al amparo al endurecer requisitos y otorgar mayor margen de acción a las autoridades. Otros señalan que los nuevos plazos judiciales serán inviables si no se fortalecen recursos humanos y tecnológicos en el Poder Judicial.
La propuesta fue entregada al Senado junto con reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Protección Industrial, como parte de un paquete de cambios legales que, según el gobierno federal, buscan modernizar el marco jurídico y garantizar un acceso más eficiente a la justicia en México.
