El gobierno de Estados Unidos aún evalúa si solicitará la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, quien enfrenta un proceso judicial en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.
Durante su tercera audiencia, celebrada recientemente, el juez Frederick Block confirmó que el acusado deberá volver a comparecer el próximo 18 de septiembre a las 11:00 horas, en una etapa crucial del caso.
La fiscal Saritha Komatiredy, quien también encabezó la acusación contra Genaro García Luna, informó que el gobierno estadounidense posee una grabación de la tortura del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, realizada en 1985.
“Seguimos produciendo archivos y revisando materiales… entre ellos está la grabación de la tortura del agente Camarena. Es un tema sensible”, explicó la fiscal.
Además, la fiscalía cuenta con al menos 30 interceptaciones telefónicas, decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina, así como reportes de autopsias relacionados con asesinatos atribuidos al Cártel de Guadalajara y al Cártel de Sinaloa.
La abogada Elizabeth Macedonio, quien encabeza la defensa de Caro Quintero, confirmó que trabaja en un paquete legal para convencer a la fiscalía de no presentar un caso capital.
“Se trata de un caso complejo, con múltiples jurisdicciones y hechos ocurridos hace más de 40 años”, argumentó Macedonio.
También informó que entregó memorias externas con información relevante, y que en los próximos días espera recibir evidencia adicional de la fiscalía, incluyendo las mencionadas grabaciones.
La defensa también solicitó al juez que el detenido pueda recibir visitas familiares, ya que permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
El equipo legal de Caro Quintero se ha reforzado con dos abogadas bilingües con amplia experiencia penal, Virginia G. Álvarez, fundadora de Alvarez NY Law y Cristina Álvarez, socia de la firma Bloch & White LLP.
Ambas cuentan con reconocimientos legales y experiencia en casos complejos.
Rafael Caro Quintero es acusado de crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, además de ser señalado por la DEA como autor intelectual y material del secuestro, tortura y asesinato del agente Camarena.
Este caso es considerado emblemático por diversas agencias del Departamento de Justicia, que lo han presentado como parte de una estrategia de “ajuste de cuentas” contra los responsables de la crisis de drogas en Estados Unidos.
