Publicado originalmente por Valeria Durán y Vanessa Cisneros de MCCI, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
Cuatro meses antes de dejar su cargo, Peña asignó contrato a israelí que afirma haberlo sobornado.
El contrato lo otorgó su administración a través de “Air Cap SA de CV”, una compañía que el SAT acaba de declarar “fantasma” y que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones directas por mil millones de pesos con gobiernos del PRI, incluida la venta del malware espía Pegasus; la administración de AMLO terminó de pagarle a la empresa, la mantuvo en su padrón de contratistas y le envió invitaciones para cotizar distintos servicios.
El empresario israelí Uri Ansbacher, investigado por supuestamente haber sobornado a Enrique Peña Nieto para venderle el malware espía Pegasus, recibió de la Secretaría de Gobernación un contrato por 4.2 millones de dólares el 31 de julio de 2018, cuatro meses antes de que el priísta concluyera su mandato y cuando López Obrador ya había sido electo su sucesor en la Presidencia de México.
Ese contrato fue otorgado a través de “Air Cap SA de CV”, una empresa “fantasma” creada por Ansbacher que fue utilizada para triangular la venta del malware espía “Pegasus”, y que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto y en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México.
La empresa ya había establecido contacto con el gobierno de López Obrador para seguir como contratista, y prueba de ello es que entre 2019 y 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional le envió al menos cuatro oficios de invitación para presentar cotizaciones de distintos servicios. Las invitaciones cesaron cuando en julio de 2021 una investigación periodística global involucró a “Air Cap” entre las empresas de Ansbacher que triangularon la venta de Pegasus.
Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que el gobierno de AMLO terminó de pagar en 2020 el contrato que la administración de Peña había suscrito con “Air Cap”.
El pasado 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a “Air Cap” en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos. Los motivos para declararla como “fantasma” fueron tres: ausencia de activos, ausencia de personal e incapacidad material para realizar las actividades por las que emitió comprobantes fiscales.
A pesar de los cuantiosos contratos, la mencionada empresa ha declarado como su domicilio oficinas virtuales y modestos departamentos; sus socios son dos personas sin antecedentes empresariales que residen en domicilios del barrio de Tepito y en Iztapalapa.
El 31 de julio de 2018 se notificó a “Air Cap” que se le había asignado directamente un contrato por 4.2 millones de dólares en la Policía Federal y ese mismo día se firmó el contrato.El vínculo de “Air Cap” con los empresarios de los sobornos
El 21 de julio de 2021 la investigación global “Pegasus Project” reveló que “Air Cap” era una de las 18 empresas “fachada” que el ciudadano israelí Uri Emanuel Ansbacher Bendrama había creado en México con prestanombres para vender programas de espionaje a dependencias del gabinete de seguridad nacional y procuradurías estatales.
La red de empresas fachada pudo ser conocida gracias a que un ex trabajador de Uri Ansbacher, identificado como “Cazador de Cazadores”, entregó miles de documentos a reporteros de Aristegui Noticias, uno de los socios mexicanos en “Pegasus Project”, en el que colaboraron más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación ubicados en 10 países, con la coordinación de Forbidden Stories.
A inicios de julio de 2025, cuatro años después de la publicación de “Pegasus Project”, el periódico israelí “The Marker” reveló detalles de una disputa legal entre los empresarios Uri Ansbacher y Avishal Neriah, en la que éstos afirmaron haber pagado cerca de 25 millones de dólares a Peña Nieto para obtener contratos en su gobierno, incluyendo la venta de Pegasus.
En su cuenta de X -antes Twitter- Peña Nieto negó haber recibido sobornos. “Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones”, escribió el pasado 6 de julio. Al día siguiente, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo: “Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor”.
Pese al deslinde, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, anunció el 8 de julio la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los supuestos sobornos pagados a Peña.
“The Marker” asegura que en la disputa legal que se sigue en Israel, los empresarios Uri Ansbacher y Avishal Neriah afirman haberse dividido los contratos con dependencias mexicanas, tras haber invertido 25 millones de dólares en Peña Nieto.
Por su relación con gente de la compañía NSO (fabricante de Pegasus), Uri se quedó con el negocio de comercialización del malware de espionaje, y “Air Cap” fue una de las empresas que utilizó para triangular la venta de licencias al gobierno mexicano.
“Air Cap” fue contratada el 7 de junio de 2017 por la entonces Procuraduría General de la República para actualizar el sistema operativo, dar mantenimiento y hacer mejoras a la plataforma de Pegasus. Por ese servicio cobró 92 millones 919 mil pesos.
Los servicios de “Air Cap” se enfocaron en la actualización de la plataforma Pegasus que había sido adquirida previamente, el 29 de octubre de 2014, a Grupo Tech Bull.
MCCI reportó en julio de 2017 que Grupo Tech Bull era una empresa con apariencia de “fachada”, pues su aparente dueño vivía en una modesta vivienda en la zona de las cañadas de la alcaldía Álvaro Obregón; esa empresa se había constituído el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México y apenas un año después vendió al malware espía a la PGR.
Cuando concluyó la vigencia de ese contrato, la PGR asignó la actualización a “Air Cap”.
Oficio en el que se menciona que “Air Cap” había dado servicio a la Sedena en 2017.
Anteriormente, en 2017, “Air Cap” había sido proveedora de la Sedena, según consta en un documento que la representante legal de la empresa envió al general de transmisiones del campo militar No. 1. “Me permito remitir a usted la factura número 2 que ampara el pago del SERVICIO REMOTO DE INFORMACIÓN, correspondiente al periodo del 1ero al 30 de septiembre del año 2017”, se lee en escrito.
El contrato con la Policía Federal
El 31 de julio de 2018, exactamente cuatro meses antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación otorgó a “Air Cap” un contrato por 4 millones 250 mil dólares (equivalente en ese entonces a 85 millones de pesos), por concepto de mantenimiento integral, preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal.
El contrato se firmó 30 días después de las elecciones presidenciales de 2018, en las que arrasó el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
La adjudicación fue directa, bajo la premisa de que no podía hacerse a través de una licitación pública pues no se podían revelar la información de la contratación y las condiciones que se requieren para la prestación del servicio.
La Policía Federal buscó posibles prestadores de servicio y encontró cinco, a los cuales les mandó una solicitud de cotización, pero sólo contestaron tres: Air Cap, AviaBaltika de México y Sociedad Anónima Helicópteros de Rusia.
Extracto del contrato con “Air Cap” en el que se detalla que el pago de 4.2 millones de dólares será por el mantenimiento de helicópteros de la hoy extinta Policía Federal.
Cuando presentó su cotización a la Policía Federal, “Air Cap” aseguró contar con 250 trabajadores, pese a que tenía su domicilio en un pequeño departamento en Azcapotzalco; hoy, el SAT ha comprobado que es una empresa “fantasma”.
El 12 de julio de 2018 “Air Cap” dio respuesta a un oficio de cotización que previamente le envió la Policía Federal para el mantenimiento para helicópteros Kazan MI-17. En ese oficio se describen los costos por cada servicio.
Después de evaluar las ofertas recibidas, el 30 de julio de 2018, la Policía Federal determinó que sólo Air Car y Aviabaltika de México cumplían técnicamente con lo solicitado, para finalmente elegir a la primera empresa.
Uno de los puntos más relevantes de este contrato es que cuando se enviaron las primeras cotizaciones, “Air Cap” afirmó cumplir con sus obligaciones fiscales, además de contar con 250 trabajadores, por lo que se auto catalogó como “una empresa grande”.
El contrato por el que “Air Cap” recibió casi 85 millones de pesos tenía una vigencia del primero de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que significa que se extendió al gobierno de López Obrador, quien tomó protesta el primero de diciembre de aquel año.
Documentos obtenidos por MCCI confirmaron que la deuda con “Air Cap” se extendió hasta 2020. En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional para ese año se incluyó un pago pendiente por 700 mil pesos, que corresponde al contrato que Peña había suscrito en 2018.
Documento en el que se menciona que la Guardia Nacional incluiría en su presupuesto de 2020 el pago de un adeudo con “Air Cap”, correspondiente al contrato que en 2018 se había suscrito con la extinta Policía Federal.
Pese al listado de millonarios contratos con diferentes dependencias de gobierno y a que la misma empresa había declarado que cumplía con sus obligaciones fiscales y contaba con 250 trabajadores, “Air Cap” fue incluida en el listado definitivo de contribuyentes que han incurrido en irregularidades fiscales, lo que incluye a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), también llamadas “empresas fantasma”.
“Air Cap” apareció en el listado de empresas definitivas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de marzo de 2025, pero comenzó a ser investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde años antes.
Extracto de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la que el SAT incluyó a “Air Cap” en el listado definitivo de empresas “fantasma”.
Las invitaciones de la Sedena de AMLO a “Air Cap”
“Air Cap” ya había establecido contacto con el gobierno de López Obrador para seguir como contratista. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la invitó entre 2019 y 2020 en al menos cuatro ocasiones a presentar cotizaciones.
El 11 de enero del 2019, la sección de adquisiciones de la Sedena mandó un correo electrónico a “Air Cap” en donde se lee: “mi muy estimada Sra. Yaraví Yunuén Reséndiz Villalobos (representante legal de la empresa) (…) nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos la información/cotización, DMMA-012-II-2019 ADQUISICIÓN DE REFACCIONAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE AVIONES PILATUS PC-7”. El oficio es firmado por Vicente Cabrera Carrillo, director de mantenimiento aéreo.
En otro correo, con fecha del 22 de abril de 2019, la representante legal de “Air Cap”, manda una cotización para la contratación de servicios de reparación y mantenimiento de helicópteros MI-17. El oficio está dirigido a Manuel de Jesús Hernández González, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana así como a Vicente Cabrera Carrillo, director de mantenimiento aéreo.
Oficios de invitación que la Sedena envió a “Air Cap” en 2019, ya durante el gobierno de AMLO.
El 25 de abril y el 13 de junio de 2019, la sección de adquisiciones le pidió a la compañía que le enviara cotizaciones para adquirir manuales técnicos de mantenimiento y para reparar helicópteros militares.
En correos enviados por parte de la Sección de Identificación de la Oficialía Mayor de la Sedena, con fecha del 2 de diciembre del 2020, consta la petición de una nueva cotización con “Air Cap”.
Un oficio signado por el Jefe de la Sección de Identificación de la Oficialía mayor, Norberto González González, dice que esta empresa fue identificada como “posible proveedor” de consumibles para el sistema de fotoidentificación.
En ese mail se envió otro documento dirigido a la representante de “Air Cap” en donde se aclara que es una solicitud para investigación de mercado y se especifica al final del oficio que una vez vencido el plazo de recepción de cotizaciones se definirá el procedimiento por el que se contrataría a las empresas.
Los contratos con Del Mazo
En 2018, funcionarios de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México se reunieron con Avishay Neriah, uno de los dos empresarios que presuntamente otorgaron sobornos a Enrique Peña Nieto para poder vender Pegasus en México.
El portal Aristegui Noticias informó de este suceso y reveló que luego de este encuentro, el gobierno de Alfredo del Mazo realizó tres compras a “Air Cap”: brazaletes electrónicos por 96 millones de pesos, un sistema de videovigilancia por 60 millones y bloqueadores de señal telefónica para tres penales estatales por 30 millones de pesos.
Ahora, la investigación de MCCI detectó otros cuatro contratos que suman 601.2 millones de pesos para sistemas de vigilancia y compras de equipo de seguridad.
En total, el Gobierno del Estado de México benefició a “Air Cap” con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020.
El contrato más cuantioso se firmó con la Secretaría de Finanzas del Edomex por 298 millones 979 mil pesos que amparan la compra del sistema integral de dispositivos de mantenimiento electrónico (brazaletes), que fue el segundo contrato que se dio por este concepto.
También en 2019, la Secretaría de Finanzas pagó 30 millones de pesos a la compañía por equipo y sistemas de circuito cerrado y seguridad electrónica.
La Secretaría de Seguridad del Estado también la contrató para el servicio especializado de localización, gestión, logística y operación de radar por lo cual pagó 242.9 millones de pesos en 2020.
Según una base de datos pública realizada por el gobierno del Estado de México, donde se enlistan las adjudicaciones y licitaciones públicas correspondientes al año 2017, la empresa
“Air Cap” también fue contratada por ese estado para la adquisición de maquinaría y equipo diverso, por el que pagó 29.3 millones de pesos.
Contratos que el Estado de México, durante la gestión de Alfredo del Mazo, otorgó a “Air Cap”, empresa que el SAT ha declarado fantasma.
El PRI expulsó a Del Mazo en 2024 porque supuestamente “entregó” su estado a Morena en las elecciones estatales.
En julio del 2019 El País dio a conocer que Del Mazo ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país que está blindado por el secreto bancario. Del Mazo figuró como representante de la sociedad holandesa Abeodan Corporation, a la cual se le abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra. Este hecho no fue incluído en su declaración de bienes cuando asumió la gubernatura.
| Año | Contratos con Air Cap SA de CV | |
| 2017 | Secretaría de Finanzas del Estado de México | 29.337.600 |
| 2017 | Gobierno del Estado de México | 29.337.600 |
| 2018 | Secretaría de Gobierno del Estado de México | 93.992.645 |
| 2018 | Secretaría de Finanzas del Estado de México | 60.000.000 |
| 2019 | Secretaría de Finanzas del Estado de México | 29.996.934 |
| 2019 | Secretaría de Finanzas del Estado de México | 298.979.999 |
| 2020 | Secretaría de Seguridad del Estado de México | 242.869.550 |
| 2017 | Procuraduría General de la República | 92.919.675 |
| 2018 | Policía Federal | 85.000.000 |
| Total | 991.771.603 |
El desfile de domicilios
“Air Cap”, empresa que el SAT ha declarado oficialmente como “fantasma”, fue constituida en Naucalpan, Estado de México, el 30 de enero de 2014. Sus dos accionistas registraron como domicilios particulares un par de casas ubicadas en la delegación Venustiano Carranza e Iztapalapa.
El socio mayoritario de la empresa dijo vivir en la calle Hortelanos, en la colonia Morelos, de la delegación Venustiano Carranza. La ubicación corresponde a una angosta torre de departamentos de cinco pisos, ubicada a unas cuadras del metro Morelos y de Tepito.
En un departamento de este edificio en Tepito está el domicilio de uno de los supuestos dueños de “Air Cap”.
El otro socio de la empresa registró como domicilio una casa ubicada en la calle Avena, de la colonia Esmeralda, en la delegación Iztapalapa. El cual corresponde a una casa de dos pisos que está en uno de los extremos de la zona Granjas Esmeralda.
En diferentes contratos la empresa “Air Cap” reportó cuatro domicilios distintos. El primero aparece registrado en la Avenida Eugenia 831, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, que corresponde a un edificio de oficinas virtuales.
En la página domiciliosvirtualesmex.com es anunciado como un espacio para la renta de direcciones fiscales, con servicios de recepción y concentración de correspondencia para organismos públicos y privados, servicio secretarial, reportes quincenales o mensuales por correo electrónico, atención telefónica y sistema “sígueme”. Se ofrece el uso de instalaciones hasta por 10 horas al mes y entrega de carpeta digital con documentación, fotografías y croquis de la dirección.
Dos de los domicilios fiscales de “Air Cap” corresponden a oficinas virtuales.
Otro de los domicilios que registró la empresa es el ubicado en la calle Río San Ángel 86, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual también corresponde a una casa que es un corporativo de diferentes empresas, con oficinas en renta, según se lee en uno de los anuncios de internet.
Cuando la empresa “Air Cap” firmó en 2018 el contrato con la Policía Federal, reportó como domicilio el ubicado en la calle Centlapatl 178, depto 108, en San Martin Xochinahuac, en la alcaldía Azcapotzalco. Esta dirección corresponde a un condominio de departamentos.
El último domicilio que proporcionó la empresa fue el ubicado en la calle Unidad A, edificio 4, departamento 305, colonia San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco.
En un departamento de este edificio estaba otro de los domicilios fiscales de “Air Cap”.
