La denuncia de un vendedor local que tuvo que pedir prestado para pagar extorsión pone de manifiesto el presunto esquema ilegal de “cobro de piso” que, de acuerdo con los expedientes judiciales, se aplicó en el municipio desde la llegada al cargo de Diego Rivera Navarro, presidente municipal detenido el pasado 5 de febrero en el marco de la Operación Enjambre. Su administración, denunciada por empresarios y comerciantes, habría provocado incluso el cierre de negocios y el abandono de comercios, de acuerdo con medios nacionales.

El afectado, identificado con las siglas LEAR, relató ante agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que los problemas comenzaron a mediados de octubre de 2024, apenas 15 días después de que Rivera asumiera el cargo. Relató que funcionarios municipales, entre ellos el jefe de Gabinete y el director de Seguridad Pública, le exigieron un pago inicial de 50 mil pesos para reabrir su local tras una clausura, y posteriormente una “renta” mensual de 20 mil pesos para continuar operando.

Cuando su hijo enfermó en julio pasado y no pudo cumplir con la cuota, fue detenido por policías municipales por órdenes del gobierno local, golpeado y amenazado de muerte, según su testimonio. La familia tuvo que pedir préstamos y enfrentar presión constante para poder hacer frente a los pagos exigidos, lo que refleja una presión económica que, según comerciantes, llevó al cierre de establecimientos y el deseo de abandonar la localidad.

La causa penal 39/2026, que dio origen a la orden de aprehensión contra Rivera Navarro, detalla además un esquema de cobro de piso que afectaría a distintos sectores de la economía local. Según testimonios recabados por autoridades, las tequileras y gasolineras habrían sido extorsionadas con pagos mensuales de entre 6 y 7 millones de pesos, mientras que comercios del centro pagaban entre 500 y 1 500 pesos semanales, y vinaterías hasta 150 mil pesos para evitar clausuras.

Diversas fuentes también señalan que el alcalde presuntamente se refería al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “el patrón” y habría ofrecido entregar hasta 40 millones de pesos al año al grupo delictivo, según denuncias integradas en el expediente que se utilizaron para sustentar la investigación.

Rivera Navarro y tres funcionarios más quedaron en prisión preventiva oficiosa tras comparecer ante un juez, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa integrando más diligencias. En tanto, empresarios y comerciantes afectados han ratificado la existencia de cobros ilegales, clausuras arbitrarias y violencia psicológica y física en diversas manifestaciones presentadas ante autoridades federales.