México reafirmó con firmeza su postura histórica y constitucional contra la pena de muerte, en el contexto del reciente traslado de 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos, quienes no enfrentarán la pena capital como condición indispensable para su extradición.
“El Departamento de Justicia de EE.UU. se comprometió a no aplicar la pena de muerte, ni para estos 26 extraditados, ni para los 29 entregados en febrero”, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Esta medida, explicó, responde a una decisión soberana del Estado mexicano, fundada en el interés nacional y en la Ley de Seguridad Nacional, alineada con la política de cero impunidad y protección ciudadana.
Durante la conferencia, el fiscal general Alejandro Gertz Manero fue tajante: “La pena de muerte no se negocia”. Subrayó que la Constitución mexicana prohíbe expresamente esa sanción y, por tanto, ningún ciudadano puede ser entregado a otro país si enfrenta la posibilidad de ser condenado a muerte.
“No es materia de negociación. Es una obligación constitucional. El país requirente tiene que aceptarlo. No es una concesión, es un requisito legal que estamos obligados a exigir”, enfatizó Gertz.
Los 26 individuos trasladados estaban recluidos en diversos penales federales y estatales, y enfrentan cargos en EE.UU. por delitos graves como homicidio, tráfico de personas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. El gobierno mexicano decidió ejecutar este traslado para impedir que siguieran operando redes criminales desde prisión, como se ha documentado en múltiples casos.
Además, explicó García Harfuch, varios de estos delincuentes habían tramitado amparos y litigios para evitar su extradición o cambiar de penal a uno con menor vigilancia, lo cual incrementaba el riesgo de fuga y continuismo delictivo. Por ello, se activó el operativo coordinado que incluyó la participación de 988 elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, FGR y Seguridad Ciudadana, así como 12 aeronaves militares.
Este principio es inalterable. México no acepta ni aceptará la pena de muerte para ninguno de sus ciudadanos. No es una medida diplomática, es un mandato constitucional que define con claridad los límites legales en cualquier cooperación internacional en materia penal.
