Publicado originalmente por Elia Castillo Jiménez de El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha anunciado este miércoles que está en medio de un proceso de divorcio tras seis años de matrimonio. La noticia llega casi cinco meses después de que su nombre ocupara los titulares nacionales e internacionales por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelarle la visa a ella y a su esposo, el también político Carlos Torres.
Este hecho tuvo bajo la mira a la mandataria de Morena durante semanas, pero los motivos de la cancelación del visado se mantienen, hasta el momento, desconocidos. La mandataria ha terminado con las sospechas que se habían esparcido como pólvora por los pasillos del Palacio de Gobierno, según refieren medios locales. El anuncio ha sido escueto:
“Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y respeto”, lanzó la mandataria en su conferencia diaria, sin titubeos y en respuesta a un cuestionamiento de la prensa.
La gobernadora accionó el detonador el 11 de mayo, cuando anunció que el Gobierno de Donald Trump le impedía a ella —titular de un Estado fronterizo— y a su esposo el ingreso a su territorio. El suceso atizó la crisis y la tensión diplomática, en medio de las exigencias de EE.UU. a México para frenar la migración y combatir el crimen organizado.
La propia mandataria, según dijo, desconocía los motivos de la decisión de su principal socio comercial.
La falta de información sobre las causas que motivaron la decisión del Departamento de Estado de EE.UU. abrió la puerta a especulaciones. En su momento, legisladores de Morena confirmaron a este periódico que la medida obedecía a investigaciones y operativos contra el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustible en Baja California.
En las indagatorias, dijeron, salió a flote el nombre del esposo de Ávila y de su cuñado, Luis Torres. El PAN, el partido en el que militó el cónyuge de la gobernadora hasta hace poco, tiró de esta hipótesis para pedir explicaciones.
El escándalo volvió a tocar recientemente a Morena en la entidad. Washington congeló las cuentas de la diputada oficialista Hilda Araceli Brown, por presuntos vínculos con empresas del crimen organizado. La maniobra ha sido seguida por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda.
El hecho golpeó como una bola de nieve a Ávila, quien salió a plantar cara más de una vez por un puñado de polémicas que surgieron tras la revocación de su permiso migratorio. Una casa en San Diego, valuada en 4,5 millones de dólares, y el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos se sumaron al escándalo. Todo fue negado.
Torres salió súbitamente de la escena política desde ese momento. El esposo de Ávila arrastra un pasado político que lo ha puesto bajo los reflectores en otras ocasiones. Fue diputado federal y local del PAN, y excandidato a alcalde de Tijuana por la misma bandera política, agrupación de la que fue expulsado en 2019 por apoyar la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Torres ostentaba cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según ha dicho, sin goce de sueldo, puestos de los que renunció en junio. Además, dejó de aparecer en eventos públicos.
Ávila mantuvo una defensa férrea de su cónyuge.
“En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo Carlos ha enfrentado una situación y, como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”, dijo cuando anunció la revocación de su permiso migratorio.
