El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. La iniciativa fue avalada con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente de las bancadas del PAN y PRI, quienes advirtieron que la norma abre la puerta a vigilancia sin control judicial y a restricciones indirectas a la libertad de expresión.
Uno de los puntos más polémicos es la autorización de la geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles sin orden judicial, una medida que, de acuerdo con especialistas, institucionaliza prácticas de vigilancia discrecional y permanente por parte del Estado.
Aunque fue eliminado el artículo 109 —que facultaba al gobierno para bloquear plataformas digitales—, se mantienen disposiciones como la suspensión de transmisiones de radio y televisión en caso de que supuestamente vulneren los derechos de las audiencias, lo cual genera inquietud por su posible aplicación arbitraria.
Sandro Arreola, politólogo, advirtió que esta legislación formaliza herramientas que ya se usaban sin marco legal claro, y que su aprobación sin controles judiciales representa un retroceso democrático. También criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo diseño institucional, dijo, carece de autonomía real frente al Ejecutivo.
Jersain Llamas, consultor en ciberseguridad, alertó sobre los efectos psicológicos de la vigilancia masiva. Señaló que el conocimiento de ser observado puede generar autocensura ciudadana, debilitando el derecho a la libre expresión. Calificó la ley como un modelo de control digital con riesgos estructurales.
El dictamen también prevé la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que dependerá orgánicamente de la ATDT, aunque formalmente se le otorgue independencia técnica. Este diseño ha sido criticado por no garantizar una supervisión imparcial.
Asimismo, permanece el artículo 209, fracción IX, que autoriza a la Secretaría de Gobernación a suspender contenido extranjero, salvo por motivos culturales, turísticos o deportivos, lo que, a juicio de la oposición, permite restringir medios internacionales críticos.
Alejandro Moreno, del PRI, calificó la ley como “una guía para fortalecer un régimen dictatorial”, mientras que Ricardo Anaya, del PAN, denunció que sus disposiciones tienen “rasgos autoritarios”, al permitir la censura de medios y el rastreo ciudadano sin supervisión judicial.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis. Mientras tanto, diversos especialistas coinciden en que las reformas no garantizan el respeto a la privacidad y abren un camino legal para una vigilancia institucionalizada en un entorno digital donde la protección de derechos fundamentales sigue en entredicho.
