El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que legaliza la interconexión obligatoria de bases de datos públicas y privadas con la nueva Plataforma Central de Inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Detalles del debate y votación
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La ley fue aprobada en lo general con 368 votos a favor (Morena, aliados y MC) y 101 en contra (PAN, PRI), tras casi 10 horas de discusión y denuncias de modificaciones de último minuto.
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En votación particular, obtuvo 324 votos favorables y 117 en contra, y será enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Acceso a datos públicos y privados
La ley obliga a particulares con sistemas de inteligencia, datos biométricos, registros vehiculares, bancarios, de telecomunicaciones, salud o catastros, a compartirlos con el CNI. El objetivo es usar IA y sistemas inteligentes para generar productos de inteligencia que mejoren la prevención, investigación y persecución del delito.
Posturas enfrentadas
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Diputada Sandra Anaya (Morena) defendió que la ley brinda “herramientas necesarias” al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para combatir el crimen.
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Por su parte, la diputada panista Pérez‑Jaén advirtió sobre la creación de un “régimen totalitario”, sin filtros judiciales que protejan la privacidad e intimidad de los ciudadanos.
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El priista Lara Calderón aseguró que implica “vigilancia máxima, control sin transparencia ni contrapesos”.
Expertos advierten riesgos de espionaje
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José Flores, de R3D, expresó: “Escondida entre las reformas… está la intención de legalizar la vigilancia por parte del Ejército”, señalando el riesgo de intervención militar en comunicaciones sin control judicial.
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El exministro José Ramón Cossío advirtió: la ley amplía la capacidad de la Sedena para generar y procesar información con fines de seguridad nacional, fuera de los controles democráticos previstos por la Ley de Seguridad Nacional.
En resumen, la ley avanza con un amplio respaldo oficial y la promesa de fortalecer la seguridad pública, pero genera profundas preocupaciones sobre derechos civiles, posible vigilancia masiva y el riesgo de espionaje sin supervisión judicial.
