Publicado originalmente por Peniley Ramírez en REFORMA, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha operado como una franquicia criminal. Los operadores principales alquilan el nombre. Con este, algunas bandas locales hacen dinero traficando drogas, personas o extorsionando. En la última década, también ha operado un esquema para estafar, tres veces, a personas mayores, ciudadanos y residentes de EE. UU., a través de tiempos compartidos.
La operación comenzó en 2011. Miles de personas que tenían tiempos compartidos en México recibieron un ofrecimiento. Unos “agentes de bienes raíces” mexicanos les ayudarían a vender o alquilar sus propiedades de tiempos compartidos. Solo debían pagar algunas tasas e impuestos. Luego recuperarían su dinero. Eso nunca sucedió.
Los primeros estafadores eran un grupo que ni siquiera estaba afiliado al CJNG. Pero luego, en 2012, el cártel tomó el control. Primero, les cobró una cuota mensual a los estafadores originales, como un “pago de piso“. Luego, contadores y abogados que trabajaban directamente para el CJNG operaron por completo el fraude.
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Primera estafa: agentes que contactaban a las víctimas les pedían pagos por supuestas tarifas de transacción o impuestos para “tramitar” la venta de los tiempos compartidos. Las víctimas depositaban en cuentas en EE. UU., pero el trámite no era real.
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Segunda estafa: supuestos abogados mexicanos ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de honorarios por adelantado, que tampoco resultaban en nada.
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Tercer nivel: personas que se hacían pasar por funcionarios del gobierno de México o EE. UU. ofrecían apoyo a cambio de nuevas cuotas. El trámite nunca ocurría.
Todo este esquema se explica con detalle en una nueva acusación judicial contra dos supuestos empresarios mexicanos, dada a conocer en el distrito este de Nueva York. Los principales acusados son los hermanos:
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Julio César Montero Pinzón
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Griselda Margarita Montero Pinzón
Según la acusación, operaban al menos cuatro empresas (no mencionadas por nombre) a través de las cuales recibían pagos en EE. UU. y los transferían a México a cuentas de otras compañías vinculadas al fraude. El dinero terminaba en bancos mexicanos.
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En 2015, una sola víctima transfirió más de 370 mil dólares.
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Solo ese año, hubo más de 50 transferencias por un total de 7 millones de pesos.
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En febrero de este año, aún se movía dinero relacionado con el esquema.
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Más de 6 mil víctimas
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Al menos 350 millones de dólares defraudados
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Involucradas al menos 70 empresas y personas
El Gobierno de EE. UU. ha declarado al CJNG como una organización terrorista, y los implicados comenzaron a mover el dinero a criptomonedas para evadir investigaciones.
A pesar de los cargos y los detalles públicos:
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Julio César y Griselda Margarita Montero no están detenidos en EE. UU.
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No hay registro de que estén presos en México
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No hay rastros públicos de que autoridades mexicanas investiguen a los responsables
