Héctor Ulises Orduña Hernández, recientemente electo como juez de distrito mixto con cabecera en Poza Rica, Veracruz, se encuentra en prisión preventiva oficiosa tras ser vinculado a proceso por abuso sexual agravado en contra de su sobrina menor de edad.
Este caso ha generado conmoción a nivel nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por evidenciar fallos en el sistema electoral que permitieron su postulación y eventual elección.
Denuncia desde 2021 y elección con más de 44 mil votos
La denuncia contra Orduña data de septiembre de 2021. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora juez electo presuntamente realizó tocamientos lascivos a su sobrina en una clínica privada de Poza Rica y la forzó a ver contenido pornográfico.
Aunque la orden de aprehensión fue ejecutada el 6 de abril de 2025, su nombre no fue eliminado de la boleta electoral, lo que le permitió obtener más de 44 mil votos, colocándose entre los cinco aspirantes más votados en esta elección judicial inédita.
Críticas al sistema de filtros del INE
A pesar de estar sujeto a proceso penal, Orduña no fue detectado por el sistema “8 de 8 contra la violencia” del Instituto Nacional Electoral (INE), diseñado para impedir que personas con antecedentes de violencia de género o delitos graves pudieran ser candidatas.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos al INE y a la eficacia de sus filtros, ya que ninguna alerta impidió su postulación pese a los antecedentes judiciales conocidos.
El INE evalúa negar constancia de mayoría
El INE ha informado que evaluará su situación jurídica antes de emitir la constancia de mayoría, debido a que no existe aún una sentencia firme que legalmente le impida ocupar el cargo. No obstante, consejeros electorales han adelantado que, de confirmarse su responsabilidad penal, el órgano podría anular su elección.
Otro señalamiento por posible delito en EE.UU.
De forma adicional, Orduña Hernández enfrenta señalamientos no confirmados sobre su presunta participación en un caso de posesión o distribución de pornografía infantil en Estados Unidos. Sin embargo, ninguna autoridad extranjera ha emitido información oficial al respecto.
Exigen revisión profunda al modelo de elección judicial
Este caso se perfila como el primero documentado de un juez electo en prisión preventiva por delitos sexuales, lo que ha encendido las alarmas sobre la viabilidad del modelo de elección popular para cargos judiciales.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han solicitado una revisión estructural del proceso electoral judicial, así como mecanismos eficaces para garantizar la integridad de las candidaturas y proteger a las víctimas.
