El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una resolución que prohíbe a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier institución pública o funcionario, promover la participación ciudadana en la próxima elección del Poder Judicial, cuya campaña inició el 30 de marzo de 2025.
Esta medida busca garantizar la equidad e imparcialidad durante las campañas de los más de 3,400 candidatos que aspiran a ocupar 881 cargos en el Poder Judicial, en un proceso sin precedentes en la historia de México.
El próximo 1 de junio, más de 100 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, resultado de la Reforma Judicial de 2024, que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Los cargos a elegir incluyen:
- 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 15 Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.
- 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
- 464 Magistraturas de Circuito.
386 Juezas y Jueces de Distrito.
El INE ha determinado que la promoción de la participación ciudadana es una facultad exclusiva del propio instituto, por lo que cualquier difusión realizada por otras entidades gubernamentales deberá ser suspendida.
La resolución también establece que los candidatos no podrán contratar espacios en medios ni publicidad pagada, debiendo basar su promoción en recorridos, eventos presenciales y el uso de redes sociales.
Para informar a la ciudadanía sobre los aspirantes, el INE ha habilitado el micrositio “Conóceles”, donde se pueden consultar las trayectorias y propuestas de los candidatos. Sin embargo, el principal reto será la participación electoral, ya que las estimaciones indican que solo entre 8% y 15% del padrón electoral acudirá a votar.
Con esta decisión, el INE busca garantizar la transparencia del proceso, evitando el uso de recursos públicos en la promoción del voto y asegurando que las campañas se desarrollen bajo condiciones de equidad.
