Desde al menos julio de 2017, el gobierno de Jalisco tenía conocimiento de que Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, era el encargado del reclutamiento forzado y el adiestramiento de integrantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reveló Vanguardia.
Investigaciones realizadas en aquel año por la Fiscalía de Justicia de Jalisco (FJJ) identificaron que Mendoza Gaytán operaba diversos campamentos en la región Valles del estado, en municipios como Tala y Teuchitlán, donde a los reclutas se les enseñaba el manejo de armas, tácticas de combate y métodos para incinerar cuerpos.
A pesar de la información recabada por las autoridades estatales, no se implementaron acciones efectivas para frenar sus actividades, lo que permitió que “El Sapo” consolidara su estructura criminal y expandiera su influencia en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. De acuerdo con el medio, el gobierno federal actualmente lo señala como el responsable directo de la leva del CJNG, la práctica de reclutamiento forzado a través de falsas ofertas laborales.
Intento fallido de captura en 2017
En julio de 2017, la Fiscalía de Justicia de Jalisco lanzó un operativo de cuatro días para desmantelar los campamentos y capturar a “El Sapo”, sin embargo, este logró escapar. Una fuente anónima que participó en el operativo declaró a Vanguardia que Mendoza Gaytán habría recibido un “pitazo” antes de que las autoridades llegaran a su ubicación, lo que le permitió huir.
“Lo teníamos localizado en Tala, pero alguien le dio el pitazo y se fue. Después cambiaron los mandos en la fiscalía y no se volvió a hacer un operativo como ese, y ahora vemos lo que está pasando”, afirmó la fuente.
El horror dentro de los campamentos del CJNG
Las declaraciones de personas que lograron escapar de estos campamentos describen un ambiente de violencia extrema. Según testimonios recogidos por la FJJ, los reclutas eran atraídos con promesas falsas de empleo como guardias de seguridad y luego trasladados a fincas en Cuisillos y Castro Urdiales, antes de llegar a los centros de entrenamiento en la sierra de Ahuisculco-Las Navajas.
Uno de los sobrevivientes relató cómo, por órdenes de “El Sapo”, sus subordinados preguntaban quién quería irse y ofrecían 3,000 pesos a los que levantaran la mano. Luego, los obligaban a pelear entre sí hasta la muerte, y a los que sobrevivían los ejecutaban con disparos.
“Dispararon sin pensar, dándole a todos parejo. Al final quedó un niño de 17 años, con las manos juntas entre las piernas, la cabeza agachada y meciéndose de adelante hacia atrás. Uno le preguntó si alguien lo había convencido de querer irse, y él solo dijo ‘Ajá’. Empezó a suplicar que no lo mataran, llorando decía: ‘Es que yo quiero ver a mi hermanita y a mi mamá’. Pero le dispararon en la cabeza”, relató un testigo.
Luego, a los sobrevivientes se les obligó a arrastrar los cuerpos a una zanja donde los incineraban con madera y gasolina.
Complicidad de autoridades
Desde hace años, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado la posible complicidad de autoridades locales con las operaciones del CJNG en Jalisco. El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores denunció la falta de trabajo de las autoridades estatales en la búsqueda de personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
Tras estas denuncias, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que era “evidente” la complicidad de algunas autoridades en el caso.
“No es posible que una situación de esta naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, declaró.
Gertz Manero acusó directamente a la Policía de Tala de estar coludida con los responsables del rancho Izaguirre. Esta hipótesis ya había sido planteada en 2017 por el entonces fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, quien señaló que era imposible que un grupo delictivo moviera a tantas personas sin que nadie en el municipio se diera cuenta.
“¿Cómo es posible que se mueva tal cantidad de personas, entre los que cuidaban y los que reclutaban, que requieren una cantidad importante de alimentación? No es posible que nadie se diera cuenta”, afirmó Almaguer en aquel momento.
Desde 2017, siete policías y expolicías de Tala han sido arrestados y vinculados a proceso por desaparición forzada, incluyendo tres detenciones ocurridas el pasado fin de semana.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, señaló recientemente que la captura en la Ciudad de México de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, es clave para conocer lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, ya que el sitio estaba bajo su control. “El Lastra” era además colaborador cercano de “El Sapo”.
Aunque la Fiscalía de Jalisco inicialmente declaró que en el rancho Izaguirre no se habían encontrado estructuras que sirvieran como hornos crematorios, una fuente anónima reveló a Vanguardia que una de las hipótesis de la dependencia es que en algún punto del predio podría haber existido una fosa donde los cuerpos eran incinerados sobre una cama de madera.
La información revelada sobre las actividades de reclutamiento forzado del CJNG plantea serios cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades estatales y su posible omisión o colusión con el crimen organizado.
