La Secretaría de Gobernación del estado de Puebla intervino para solicitar a la Fiscalía General del Estado una revisión al proceso legal que enfrenta el activista Renato Romero Camacho, detenido el pasado 1 de junio.
Romero es señalado por su presunta participación en los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando un grupo de ciudadanos irrumpió en un terreno donde la empresa Agua de Puebla realizaba trabajos de instalación de tubería. La protesta terminó en una denuncia por despojo y daños en propiedad ajena, con el activista como uno de los principales imputados.
Tras sostener reuniones con familiares y personas cercanas al detenido, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, solicitó formalmente que se considere la posibilidad de modificar la medida cautelar dictada contra Romero, a fin de que pueda enfrentar su proceso en libertad desde su domicilio, sin que esto implique evasión de la justicia.
De acuerdo con el funcionario, la solicitud se apega a mecanismos de protección que ya operan a nivel federal, para salvaguardar la integridad de personas defensoras de derechos humanos o que participan en causas sociales, como es el caso del acceso al agua en Xoxtla.
Renato Romeroes una de las voces más activas en contra de la operación de Agua de Puebla en Xoxtla, donde habitantes han denunciado falta de consultas, afectaciones al servicio y preocupación por la privatización del recurso.
La intervención del activista y otros pobladores en el predio señalado derivó en la causa penal 325/2025/Cholula, que continúa en curso.
La Fiscalía informó que su detención se realizó con base en una orden judicial y en estricto apego a la legalidad, pero el caso generó reacciones entre colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos.
