Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), enfrenta acusaciones por parte de integrantes de su propia unidad, quienes lo señalan por presuntos delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación. La denuncia fue presentada el 28 de abril ante la Fiscal Especial de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR), Adriana Campos, así como ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Presidencia de la República.
Según la denuncia, Gómez Piedra habría utilizado vehículos oficiales para fines personales, como enviar a personal a recoger comida, y exigido dinero y regalos a sus subordinados, especialmente en fechas como su cumpleaños. Además, se le acusa de contratar a personas sin experiencia en investigación penal, como César Ovidio Suárez Aldecoa, amigo personal del fiscal, para cargos clave en la investigación del caso Ayotzinapa.
Los denunciantes también señalan que Gómez Piedra habría solicitado a su personal contribuciones económicas para apoyar las aspiraciones de la fiscal Sara Irene Herrerías a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se le acusa de asignar a personal administrativo como choferes de su esposa, desviando recursos humanos de sus funciones oficiales.
Desde su nombramiento en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, los agentes de la UEILCA afirman que no ha habido avances significativos en la investigación del caso Ayotzinapa, y critican la falta de compromiso del fiscal con el esclarecimiento de los hechos.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones contra Gómez Piedra. Tampoco se ha pronunciado públicamente la fiscal Herrerías, cuya postulación a la Corte se ha visto salpicada por el escándalo.
Colectivos como el Centro Prodh y Fundar han exigido al gobierno federal investigar a fondo estas denuncias, al considerar que “la verdad y la justicia para los 43 normalistas no pueden depender de fiscales acusados de corrupción e impunidad”.
