La jueza Novena de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, impidiendo su detención por tiempo indefinido en el proceso que enfrenta por presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La resolución, emitida el 14 de mayo, establece que Aureoles deberá depositar una garantía de un millón de pesos para mantener vigente la suspensión. Además, se le citó a comparecer el próximo 20 de agosto ante un juzgado federal en el Reclusorio Oriente, donde se desarrolla el proceso penal contra cuatro de sus excolaboradores implicados en el mismo caso de corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) expresó su inconformidad con la decisión judicial, calificándola como una “escandalosa protección” al exmandatario. En un comunicado, la FGR anunció que presentará una denuncia penal contra la jueza Vargas Alarcón, argumentando que no existe justificación legal para la suspensión de la orden de aprehensión vigente y que dicha acción brinda una protección parcial e injusta a Aureoles.
El exgobernador es investigado por un presunto daño patrimonial de 3 mil 412 millones de pesos, derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán. Hasta el momento, varios de sus excolaboradores han sido detenidos y vinculados a proceso por estos hechos.
La FGR también señaló que Aureoles no se presentó a una audiencia programada para el pasado 9 de mayo, como había sido ordenado por la jueza Vargas Alarcón. En lugar de comparecer personalmente, el exgobernador presentó un escrito que no fue ratificado, situación que, según la Fiscalía, fue indebidamente aceptada por la jueza, impidiendo así su detención.
