La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha confirmado que el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 9 de septiembre en Iztapalapa ha aumentado a 19 personas. Esta tragedia, ocurrida en el Puente de la Concordia, dejó también a 32 personas hospitalizadas en diversas unidades médicas de la capital.
Entre las víctimas fatales se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien también es uno de los fallecidos. Otros de los fallecidos recientes incluyen a Gilberto Arón, de 47 años, y Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quienes perdieron la vida a consecuencia de graves quemaduras. El último deceso confirmado es el de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el 12 de septiembre tras sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo al intentar proteger a su nieta de dos años durante la explosión.
Fernando Soto Munguía era el chofer de la pipa involucrada en el accidente y se encontraba realizando su labor cuando, por causas aún no aclaradas, perdió el control del vehículo mientras circulaba a más de 40 kilómetros por hora, volcando la pipa cargada con más de 49 mil litros de gas LP. Esto provocó una fuga masiva y un incendio que alcanzó una onda expansiva de hasta 30 metros de altura, afectando vehículos, comercios y a numerosos peatones.
El incidente provocó daños materiales graves en la Calzada Ignacio Zaragoza y las áreas circundantes. Entre las víctimas también se encuentran José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años, Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años, y Carlos Sánchez Blas, de 15 años, quienes, según los testimonios de familiares, se encontraban en la zona en el momento de la explosión.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha indicado que el chofer ya había estado involucrado en dos accidentes previos, lo que incrementa la gravedad del caso. La investigación sigue su curso y se está analizando si el exceso de velocidad y el fallo mecánico fueron factores determinantes en el siniestro.
Las autoridades de salud han indicado que los pacientes hospitalizados reciben atención médica adecuada y seguimiento especializado. Por su parte, las familias de las víctimas mortales han recibido apoyo psicológico, jurídico y económico por parte del gobierno local.
