Publicado originalmente por Vanesa Romero Rocha en El País , compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
Lo que inquieta de la reforma a la Ley de Amparo no es quién hoy ocupa la silla grande. Es lo contrario: el relevo inevitable cuando la administración termine.
El amparo —escudo mexicano contra el abuso de poder— ha enfermado, junto con el Poder Judicial y el gremio jurídico, de profundo desprestigio. Defenderlos es empresa ingrata. Deporte nacional de altísimo riesgo.
Sobran ejemplos. En numerosas ocasiones el amparo ha sido torcido —esa es la palabra— para detener al Estado en detrimento de lo colectivo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue espada para aniquilar megaobras, libros de texto, la reforma eléctrica y la judicial. También fue escudo para esquivar el pago de millonarios impuestos. Una lista que tomaría tiempo terminar.
El amparo ha sido arma privada y ha puesto de cabeza la voluntad popular.
Ese pasado —sumado a la urgencia de engordar las arcas públicas— puso al amparo en la mira de la transformación. Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado una instrucción.
La enmienda propuesta se entiende en tres grupos. Los cambios positivos que avanzan en la dirección correcta; los consecuenciales que buscan remendar abusos pasados; y los de cuidado que merecen atención porque engendran la semilla del riesgo.
Por justicia del relato, menciono lo favorable: la digitalización del juicio y la reducción de plazos. Aunque, sin inversión en infraestructura y condiciones mínimas para impartir justicia, aquellos elementos serán más fachada que justificación.
También hay que decirlo: si la reforma busca un amparo popular, se queda corta. Una verdadera reingeniería del juicio con el que nos pavoneamos en el extranjero debería arrancarlo de las manos de la élite y entregarlo al vulnerable resto.
Los ingredientes consecuenciales —llamémoslos sensatos— son huellas de abusos antiguos y reflejo de la avidez del erario. En esa categoría habitan la poda al amparo fiscal; la negativa de suspender actos financieros; la dispensa de garantía a entes públicos; la prohibición de detener acciones que el Estado juzgue esenciales y la limitación de suspensiones que pudieran dañar el frágil equilibrio financiero o entorpecer la batalla contra el lavado de dinero.
Finalmente llego al pasaje que inquieta: ¿quién puede acudir al amparo?
La reforma —que exige que quien presente un amparo pruebe una lesión real, actual y diferenciada—, se inspira en una vieja jurisprudencia de la Corte integrada por Zaldívar, Cossío, Franco, Aguilar, Sánchez Cordero, Pérez Dayan y Silva Meza. Una Corte que en su momento evitó el conflicto y cuyo criterio fue matizado más tarde por otra integración.
Se dice que esa modificación no afectará causas colectivas ni derechos difusos. Pero basta con detenerse en los nuevos adjetivos para entender lo contrario: defender derechos futuros, inminentes o colectivos será caminar cuesta arriba.
Real se opone a lo posible. Actualexcluye lo inminente. Lo diferenciadoborra lo común.
Por lo que toca al interés legítimo, la reforma —además de contradecir la Constitución— será un ancla hundida en un pasado derrumbado.
Alguien está filtrando mal la información a la presidenta.
Vaya paradoja. El ministro indígena impulsado por la reforma que tanto costó a esta administración acabará con las manos atadas para proteger a la comunidad que representa.
El riesgo de no discutir la reforma al amparo —cuando hasta para la ley aduanera se armó algún conversatorio— es grande. Y es, además, una contradicción con el propio movimiento.
El proyecto político de Andrés Manuel López Obrador se fundó en la pedagogía: explicar por qué, para qué y cómo. Una reforma de este tamaño, cargada de tecnicismos y de efectos prácticos, debería ser —al menos— tema de amplia discusión. Tema de amplia difusión.
Una reforma al amparo escondida entre tecnicismos es también contrasentido: un mensaje para los elegidos y no a los electores.
Seamos claros. Lo que alarma de la reforma a la Ley de Amparo no es amenaza actual pero tampoco hipotética. Nadie —o casi nadie— duda de las buenas intenciones del Gobierno en turno. Como tampoco nadie —o casi nadie— negaría las dudosas intenciones de quienes lo merodean.
Lo que inquieta de la reforma a la Ley de Amparo no es quién hoy ocupa la silla grande. Es lo contrario: el relevo inevitable cuando la administración termine.
Un día no estará Claudia. Estará su reverso.
