La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este miércoles por unanimidad la demanda del Gobierno de México contra varias de las principales armadoras de armas estadounidenses, entre ellas Smith & Wesson, Glock, Barrett Firearms y Colt’s Manufacturing, a quienes México acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia del crimen organizado en territorio mexicano.
El fallo se basó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que ofrece inmunidad legal a los fabricantes de armas frente a demandas por el uso delictivo de sus productos por parte de terceros. La decisión fue firmada por la magistrada Elena Kagan, quien argumentó que el gobierno mexicano no presentó alegaciones lo suficientemente sólidas para vincular directamente a las empresas con la venta ilegal de armas en su país.
Según la Corte, los fabricantes venden armas exclusivamente a distribuidores mayoristas estadounidenses autorizados, por lo que no pueden ser responsabilizados legalmente por la reventa o desvío de estas armas hacia el crimen organizado en México. Kagan subrayó que “no hay pruebas plausibles de que las compañías hayan incitado, facilitado o promovido el tráfico ilegal”.
La demanda de México, presentada inicialmente en agosto de 2021 y admitida por una corte federal en Boston, reclamaba compensaciones por hasta 10 mil millones de dólares, y buscaba que las empresas implementaran mayores controles en sus cadenas de distribución.
El gobierno mexicano sostenía que las compañías estadounidenses producían y comercializaban armas sabiendo que estas terminaban en manos de los cárteles, lo que tenía consecuencias devastadoras para la seguridad en el país. Se estima que más del 70% de las armas utilizadas en crímenes violentos en México provienen de Estados Unidos.
El fallo de la Suprema Corte representa un revés significativo para la estrategia legal de México, que había sido respaldada por organizaciones internacionales, académicos y gobiernos de América Latina. El canciller Juan Ramón de la Fuente lamentó la decisión, pero afirmó que México seguirá explorando otras rutas jurídicas y diplomáticas para frenar el flujo de armas ilegales.
El gobierno mexicano también mantiene activa una segunda demanda, esta vez en una corte de Arizona, contra distribuidores minoristas de armas que, presuntamente, facilitan compras tipo “straw-purchase” para el contrabando hacia territorio mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último año de gobierno, había señalado que esta acción judicial era “una causa justa y necesaria para defender la vida en México”, y su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado que continuará respaldando la vía legal, aunque reconoció que el fallo “es un obstáculo que obliga a repensar la estrategia”.
Pese al revés, expertos coinciden en que la demanda ha abierto un debate global sobre la responsabilidad ética de las armadoras y ha presionado por mayores controles en la industria armamentista estadounidense.
