El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes a la Corte del Distrito Este de Nueva York que no solicitará la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero ni Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, ambos acusados de narcotráfico y otros delitos federales.
La decisión fue notificada formalmente a través de documentos judiciales presentados como parte del proceso que enfrentan los dos exlíderes del crimen organizado mexicano, quienes fueron extraditados en febrero de este año junto con otros 28 capos, en una de las entregas más significativas de presuntos narcotraficantes en la historia de la cooperación bilateral.
Rafael Caro Quintero, de 72 años, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y es señalado por el gobierno estadounidense como autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Aunque fue liberado en México en 2013 tras una resolución judicial controvertida, fue recapturado en 2022 y, tras un largo litigio, extraditado en 2025.
En Estados Unidos enfrenta cargos por participación en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir drogas, y homicidio relacionado con el tráfico de drogas.
Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, de 75 años, encabezó el Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”. Fue arrestado en México en 2014, y se le acusa de liderar una organización responsable de múltiples asesinatos, tráfico de toneladas de cocaína y lavado de dinero. Enfrenta cargos similares a los de Caro Quintero, con acusaciones que se extienden por más de dos décadas.
Aunque ambos casos fueron considerados por los fiscales como candidatos para solicitar la pena capital, el Departamento de Justicia determinó que buscará sentencias alternativas, posiblemente cadena perpetua, en caso de ser declarados culpables.
Con esta definición, se espera que los procesos contra Caro Quintero y Carrillo Fuentes avancen hacia la etapa de juicio o posibles acuerdos de culpabilidad. El gobierno estadounidense ha señalado que continuará trabajando con México para desmantelar redes criminales binacionales, aunque el enfoque se ha desplazado más hacia sanciones económicas, inteligencia financiera y decomisos de bienes.
Ambos acusados permanecen bajo custodia federal en espera de audiencias clave en los próximos meses.
