El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no se presentó este lunes a la audiencia programada en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero. Su abogado defensor, Michael Goldstein, declaró que desconoce el lugar donde se encuentra su cliente, detenido desde el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos.
La audiencia tenía como propósito abordar su solicitud de libertad anticipada en un caso relacionado con la posesión de armas de fuego, un proceso distinto al que enfrenta por su estatus migratorio irregular. Ante su ausencia, la jueza Neetu S. Badhan‑Smith decidió posponer la comparecencia hasta el próximo 21 de agosto.
“El señor Chávez no está bajo custodia de las autoridades estatales ni locales. Tenemos razones para pensar que fue trasladado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), posiblemente a Texas, pero no hemos recibido confirmación oficial”, señaló Goldstein.
El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Chávez Jr. sería deportado a México para enfrentar una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas, drogas y explosivos.
No obstante, aclaró que no existen pruebas oficiales en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que confirmen su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa.
La ausencia del boxeador a la audiencia alimenta las dudas sobre su estatus legal. Su defensa sostiene que pudo haber sido trasladado a otra jurisdicción sin aviso previo, en el marco del proceso de deportación iniciado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por su parte, Julio César Chávez, su padre y excampeón mundial, pidió respeto al debido proceso:
“Mi hijo no es un delincuente, está enfermo y necesita apoyo, no juicios mediáticos”.
Chávez Jr., de 39 años, ha estado envuelto en escándalos por adicción, salud mental y violencia doméstica. De confirmarse su traslado, deberá responder ante la justicia mexicana por las acusaciones pendientes.
Hasta el momento, ni el ICE ni la FGR han ofrecido detalles sobre su ubicación o estatus legal actual.
