El senador de Morena recibió en 2023 unos 20 millones de pesos de empresas privadas que dejó fuera de su declaración patrimonial.
Cuando Adán Augusto López Hernández competía con Claudia Sheinbaum por ser la cabeza de Morenaen las elecciones presidenciales, el entonces aspirante a candidato gastó 12 millones de pesos solo en anuncios espectaculares, más del doble del tope de gasto de campaña fijado por su partido. En ese mismo periodo recibió 20 millones de pesos de empresas privadas que no registró en su declaración patrimonial. En un inicio de curso horrible para el político, en el que, a la detención de su secretario de Seguridad de Tabasco por ejercer de jefe criminal, se le suma esta polémica por cobrar decenas de millones de pesos en servicios profesionales mientras tenía cargos públicos; López Hernández -el hombre fuerte del partido oficialista en el Senado- cada vez que da una nueva explicación, se enreda más y más.
A la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó el miércoles tres veces en su conferencia de prensa matutina si López Hernández, en medio de sus diversas crisis, sigue aportando al partido. En todas las ocasiones evitó contestar directamente, aunque aseguró que, de momento, la Fiscalía General de la República no ha encontrado nada contra el senador. “Si la Fiscalía llega a encontrar o llega a pedirle al senador que declare —él ya lo dijo—, va a declarar”, comentó.
En 2023, aspirantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde compitieron por ver quién sería el candidato a la presidencia en 2024. La organización, buscando igualar condiciones y no dar lugar a sospechas sobre el origen del dinero, impuso un límite de gastos de cinco millones de pesos, sobre 290.000 dólares, que sería otorgado por los partidos para financiar la campaña. López Hernández fue el único que rechazó el dinero, pidiendo que se donase a hospitales, y aseguró que él se encargaría de pagar sus propios gastos.
En particular, la campaña de López Hernández fue la más ostentosa, como evidenció el número de anuncios espectaculares que desplegó por toda la república. De los 700 anuncios que el Instituto Nacional Electoral registró, casi 500 eran promoción de su campaña con lemas como “Adán Augusto López, el más cercano a AMLO” o “Adán Augusto López, ahora el pueblo elige”. Todos estaban disfrazados de publicidad de revistas, un negocio ilegal que vulnera las leyes electorales al vender anuncios a políticos sin que computen como gastos de campaña.
Estos 499 anuncios tuvieron un coste total de 12 millones de pesos, más del doble del límite marcado. A esto habría que sumarle los costos de los mítines y asambleas y la publicidad en redes, entre otros rubros. Ese mismo año, López Hernández recibió al menos 20 millones de pesos de dos empresas, GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, según reveló la semana pasada una investigación de N+ Focus.
En total, el reportaje señaló al exgobernador de Tabasco de recibir 80 millones de pesos y no enlistarlos en sus declaraciones patrimoniales al Senado, un instrumento que sirve para controlar la evolución de propiedades, activos y dineros de los funcionarios públicos. A las pocas horas, después de que la presidenta le pidiera dar una explicación, el legislador comenzó a enredar su versión en tres momentos diferentes.
En su primera comparecencia, López Hernández aseguró que, además de su sueldo como funcionario público, tenía otros ingresos como prestador de servicios legales—“a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco”—, herencias familiares, venta de cabezas de ganado y alquileres varios, sin explicar la razón por la que sus declaraciones patrimoniales públicas no reflejan esos ingresos. En una segunda ocasión alegó que su notaría la tiene alquilada, que sus dineros provienen de asesorías legales como persona física y que las actividades profesionales que le reportaron 80 millones de pesos, unos cuatro millones de dólares, las realizó cuando no era funcionario público, concretamente entre noviembre y diciembre de 2023 y entre junio y julio de 2024. Al tercer día simplemente dijo que ya solo vende ganado.
López Hernández, originario de una familia de notarios de Tabasco, saltó a la primera línea política cuando ganó las elecciones a gobernador de ese Estado en 2019 y luego fue requerido por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, para convertirse en su segundo secretario de Gobernación y principal operador político. Cuando se abrió la veda para postularse a candidato a la presidencia de México, se presentó, vendiendo como principal activo su cercanía con López Obrador. Quedó en tercer clasificado, después de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y en empate técnico con el político del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, hoy su compañero en el Senado. En el reparto de las derrotas que dejó amarrado López Obrador le tocó ser líder de Morena en la Cámara Alta.
Esta es una muesca más en las crisis que lleva López Hernández acumuladas en este sexenio. La principal es su relación con Hernán Bermúdez, al que nombró secretario de Seguridad en Tabasco cuando fue gobernador de ese estado y acabó como cabeza de una organización criminal con el apodo Comandante H. Pero también su operación política para que Rosario Piedra Ibarra repitiera al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pese a la resistencia de la hoy presidenta Sheinbaum.
En 2023, cuando ahora sabemos que, aunque soñaba con ser candidato presidencial, mantenía sus actividades empresariales, un grupo de reporteros le preguntó por el origen del dinero para su campaña. “¿De dónde salen los recursos?”, respondió altivo, “yo pago el evento, la logística; yo no acepté el financiamiento público que ofreció Morena y, por eso, yo me hago cargo del viaje”. Al oír las declaraciones, su rival del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, ironizó: “Está muy bien que haya renunciado [al financiamiento]; pero hubiera sido genial que lo que se invirtió en espectaculares también lo invirtiera en hospitales”.
