Dentro de los muchos pendientes que enfrenta la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, la búsqueda de personas desaparecidas representa uno de los más graves y dolorosos. Han transcurrido ya diez meses desde el inicio de su gobierno y no se ha dado un solo paso significativo para esclarecer el paradero de los más de 130 mil desaparecidos en el país. Más allá de las buenas intenciones, los hechos demuestran que no se ha construido una política integral que aborde esta crisis humanitaria.
La magnitud del problema ha llevado al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) a activar el artículo 34 de su reglamento, al considerar que en México la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática. Esto implica que el caso será llevado de forma urgente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Aunque la activación no implica un juicio inmediato, obliga al Estado mexicano a presentar información detallada sobre las acciones emprendidas para buscar a los desaparecidos.
La respuesta del gobierno ha sido preocupante. Lejos de asumir con seriedad el señalamiento internacional, diversas instituciones como la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, el Senado, la Cámara de Diputados y la CNDH han calificado dicha acción como unilateral, irresponsable y sin fundamento. Una narrativa de negación que descalifica al propio Comité, en lugar de atender las recomendaciones.
Según datos del académico y activista Fabrizio Lorusso, del total de desaparecidos registrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, solo 811 casos han sido clasificados por los ministerios públicos como desaparición forzada. Lo más alarmante es que 526 de esos casos (64.9%) ocurrieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El subregistro evidencia la falta de rigor de las fiscalías para reconocer la posible participación de agentes del Estado en estos crímenes.
Aunado a ello, el CED ha informado que entre 2012 y junio de 2025 se han acumulado 757 acciones urgentes por desaparición en México. Estas acciones exigen medidas inmediatas para localizar y proteger a las víctimas. Pese a ello, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) continúa sin dirección clara ni liderazgo legítimo.
La renuncia de Karla Quintana, quien encabezaba la CNB hasta mediados de 2023, fue producto de una confrontación con el entonces presidente López Obrador. El conflicto giró en torno al método de depuración del registro de desaparecidos. Quintana se negó a validar un censo promovido por el gobierno que pretendía reducir artificialmente las cifras. Tras meses de presión, presentó su renuncia.
En su lugar fue designada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cercana a Morena y sin experiencia en investigación ni búsqueda de personas desaparecidas, lo que generó el inmediato rechazo de colectivos y organizaciones de derechos humanos. Su único mérito, parece, era su lealtad al exmandatario.
El desempeño de Reyes Sahagún fue lamentable. Inició su gestión con el despido masivo de personal especializado y con la aplicación del cuestionado censo de desaparecidos. Su nombramiento evidenció la falta de compromiso del gobierno federal con una política seria en esta materia. La ley exige experiencia para ocupar la titularidad de la CNB, pero su cercanía con el poder pesó más que la ley.
Hoy, la CNB está nuevamente acéfala. La doctora Sheinbaum tiene ante sí una decisión crucial: o toma en serio la búsqueda de desaparecidos y nombra a una persona con verdadera experiencia y autonomía, o continuará la ruta del desprecio institucional al dolor de miles de familias.
Defender el derecho a la verdad, la justicia y la memoria exige una acción urgente. La Comisión Nacional de Búsqueda debe dejar de ser un mero membrete burocrático para convertirse en un verdadero instrumento del Estado en la lucha contra la desaparición. No es solo una deuda con las víctimas, es una obligación moral y jurídica con toda la nación. México lo merece.
Madres, padres y hermanos, hijos, esposas, familias enteras viven con la zozobra constante de no saber dónde están sus seres queridos. Ninguna familia de los buscadores ha vuelto a ser igual. Todos tienen un pendiente para sanar sus almas: encontrar a sus familiares desaparecidos. Pero todo parece indicar que están solos en ese esfuerzo.
En este contexto desolador, es imprescindible recordar que las víctimas de desaparición forzada y sus familias tienen derechos humanos que el Estado debe garantizar plenamente. En primer lugar, el derecho a la verdad, que implica conocer el paradero de la persona desaparecida y las circunstancias de su desaparición. En segundo lugar, el derecho a la justicia, que obliga al Estado a investigar, sancionar y reparar estos crímenes con seriedad, independencia y eficacia. Finalmente, el derecho a la reparación integral y garantías de no repetición, lo cual exige no solo compensaciones económicas, sino medidas de memoria, reconocimiento y prevención estructural.
Estos derechos no son aspiraciones; son obligaciones jurídicas que deben cumplirse sin demora. Porque cada día que pasa sin respuesta, se prolonga el dolor, se agrava la impunidad y se profundiza la deuda del Estado con miles de personas que solo buscan justicia y verdad.
