Durante la actual administración del presidente López Obrador hubo un retroceso en materia de derechos humanos. Existe un malestar generalizado entre las diferentes organizaciones de derechos humanos por la indiferencia que ha evidenciado el titular del ejecutivo frente al considerable aumento de las desapariciones, los daños ambientales causados por sus megaproyectos, el despojo de tierras que se ha venido realizando, el trato abusivo que se le ha dado a los migrantes y, desde luego, la militarización que ha violentado gravemente los derechos humanos en diferentes regiones del país.
No existe una actitud personal ni institucional respecto al respeto a los derechos humanos de los desaparecidos y sus familiares, las madres buscadoras que llevan años buscando por todo el país a sus familiares, pero que han sido desdeñadas por el gobierno federal, al señalar que los abogados y las organizaciones de derechos humanos han manipulado esta causa. No hay empatía por parte del presidente ante la desgracia de muchas personas que han sufrido la desaparición de sus seres queridos, ni por las personas que han sido víctimas de la violencia.
Los ambientalistas tampoco han tenido la suerte de ser escuchados, la titular de Semarnat no ve ni oye los reclamos de cientos de personas que, preocupados por el derecho humano al medio ambiente sano, han realizado, denunciando los cientos de proyectos gubernamentales y privados que carecen de autorizaciones de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, grandes construcciones en zonas costeras, pues hay que decirlo, la Profepa fue desmantelada este sexenio.
De los reclamos de las comunidades indígenas que buscan defender sus territorios de los megaproyectos como son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no se escucha el susurro de sus voces, pues están “manipulados”.
Las instituciones para procurar e impartir justicia no satisfacen las demandas de la sociedad. Las personas no pueden ejercer su derecho de acceso a la justicia.
Los derechos humanos de los enfermos se violan en forma permanente desde las instituciones encargadas de otorgarles la atención médica y los medicamentos, amén de los estudios y tratamientos para personas con enfermedades graves, como el cáncer, cirugías de emergencia o diabetes, enfermedades coronarias y un largo etc., la Secretaría de Salud es omisa y por lo tanto responsable de dichas violaciones cotidianas el derecho a la salud.
Y a todo esto la CNDH, completamente desaparecida, bajo la enorme claudicación de sus funciones, ha sido una gran observadora de las violaciones de derechos humanos en el país, pero no ha molestado ni con el pétalo de una recomendación al Presidente de la República, el entreguismo de su titular, la pondrá en el basurero de la historia.
