México ha llegado a un punto crítico en su historia política y judicial. El resultado de la reciente elección judicial no solo marca un retroceso en la consolidación de las instituciones democráticas, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro de la separación de poderes en el país. Este proceso, empañado por irregularidades, acarreo y el uso de recursos públicos para influir en el voto, pone de manifiesto una preocupante subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
La letra muerta de la Constitución
La Constitución Mexicana, en su artículo 49, establece la división de poderes como el pilar fundamental para garantizar un gobierno equilibrado y democrático. Asimismo, el artículo 94 detalla las funciones del Poder Judicial, diseñadas para actuar como contrapeso frente a los otros poderes. Sin embargo, lo ocurrido en este año parece haber llevado al país en dirección opuesta, convirtiendo estos principios constitucionales en meras formalidades.
El sometimiento del Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo representa un peligro latente para la justicia y la democracia. La independencia de este poder no es solo un tema técnico; es un requisito esencial para asegurar que las leyes sean aplicadas de manera imparcial y que los ciudadanos puedan confiar en la integridad de las instituciones.
El Poder Legislativo: Un lacayo sin voz
El deterioro del Poder Legislativo es un reflejo preocupante de la influencia desmedida del Ejecutivo. En lugar de ser un órgano deliberativo y autónomo, el Legislativo parece haberse convertido en un instrumento dócil que ejecuta las órdenes del presidente. No hay debate, no hay cuestionamientos, no hay modificaciones. Las iniciativas del Ejecutivo pasan sin alteraciones, lo que mina el papel del Congreso como un espacio de representación y discusión pluralista.
Esta dinámica no solo afecta la calidad de las leyes que se promulgan, sino que también erosiona la confianza de la población en sus representantes. ¿Cómo puede un Congreso cumplir con su función cuando parece estar más interesado en obedecer que en legislar?
En los hechos, de nada sirve tener como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a un doctor en Derecho, y en la Junta de Coordinación Política del Senado a un maestro en Políticas Públicas. Ambos son ciegos lacayos del expresidente de la República.
Un Poder Judicial bajo amenaza
El proceso electoral reciente para integrar el Poder Judicial estuvo marcado por prácticas que ponen en entredicho su legitimidad. El uso de “acordeones”, listas de candidatos que los votantes deben apoyar bajo presión gubernamental, evidencia el nivel de control que el Ejecutivo busca ejercer sobre este poder. En lugar de jueces y magistrados independientes, se eligen figuras que beneficien los intereses del régimen.
El impacto de esta cooptación es profundo. Con jueces que resuelvan casos a favor del gobierno, magistrados que modificarán sentencias contrarias a los intereses del gobierno y ministros que perseguirán a opositores, el Poder Judicial pierde su esencia y se convierte en un instrumento político. Si con esta elección la ciudadanía cree que habrá mejor impartición de justicia en el país, lamento decir que se equivoca rotundamente. No solo no habrá mejoría, habrá un declive: caeremos en un hoyo tan profundo que será difícil salir. ¿Se quejan de lentitud en los juzgados? ¿Creen que todos los jueces son corruptos? Esperen a ver qué pasará cuando quienes deban resolver asuntos ordinarios, los más simples, los más sencillos, no tengan idea de cómo hacerlo para no despertar la furia del Tribunal de Disciplina Judicial.
Asistimos a las exequias de un Poder Judicial independiente. El jurista Ferrajoli decía en sus múltiples escritos que, para que los jueces sean útiles a la sociedad, para que sean pilar de la democracia, deben ser independientes, éticos, en donde las funciones del Estado de derecho prevalezcan:
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Se asegure la certeza del derecho, que represente la garantía de la igualdad frente a la ley, la libertad del ciudadano frente a los castigos arbitrarios.
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Garantizar la sujeción del juez a la ley, que es la garantía del ciudadano, con un juez independiente y la plena validez de la división de poderes.
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Se asegure la primacía de la legislación sobre cualquier decisión personal o política sobre el ciudadano.
Sepa usted, hipócrita lector: la elección tuvo una participación de entre 8 y 10 por ciento del padrón, lo que significa que, de un padrón de 101,539,216 personas, solo votaron entre 8 y 10 millones de personas, lo que significó un gasto de $7,019 millones de pesos en la elección, casi $600 por persona. Lo que hubiera significado atención a más de 23,000 pacientes oncológicos en un año, o se hubieran equipado 28 hospitales y hasta 100 centros de salud con todo lo necesario para atender a la población más vulnerable, y así, solo así, hacer efectiva la frase de San Francisco de Asís, de privilegiar a los pobres, que no requieren de un ministro, un magistrado de circuito y rara vez tienen necesidad de un juez federal, pero sí de medicinas, médicos y hospitales en sus comunidades.
Nota bene: Mi reconocimiento a los juristas que participaron en el proceso, muchos abogados de prestigio, con carreras jurídicas impecables, mujeres y hombres inteligentes y preparados, pero sin culpa por el cochinero del INE y, por supuesto, por el voto corporativo de Morena.
